El caso lo investiga el Tribunal de Cuentas en un procedimiento por alcance bajo la acusación de la asociación Iustitia et Veritas en el que la juez ha fijado en 208.610,61 euros la cantidad que Barkos podría tener que devolver por el cobro de reuniones irregulares de ella y de los concejales de Geroa Bai que ella misma certificó entre 2007 y 2012, año en el que saltaron a la luz los posibles cobros ilegales. El consistorio de Pamplona modificó el sistema de justificación de reuniones en 2013.
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