En este sentido, creen que las nueve autopistas, que asumirá el Estado en aplicación de la responsabilidad patrimonial "no deberían volver a ser privatizadas". "Sería un escándalo rescatar con dinero público empresas quebradas por la irresponsabilidad empresarial de bancos y constructoras para, una vez recuperadas, volver a entregarlas a las mismas empresas u otras compañías similares", aseveran.
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