El arbitraje por los recortes a las renovables que perdió España a mediados de febrero no era el primero, ni tampoco el más cuantioso. Sin embargo, su casuística particular le convierte en una amenaza para los casi 30 pleitos que está librando el Gobierno contra inversores internacionales. La preocupación por este asunto es de primer nivel. La Abogacía del Estado tiene la difícil tarea de contener a fondos que reclaman más de 7.500 millones de euros.
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