El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que declara inconstitucional la privatización por decreto-ley del Registro Civil que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2014, tras un recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados. El Gobierno decidió atribuir su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles, que poseen empresas privadas aunque los titulares de los registros sean funcionarios por oposición. La sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Socialista.
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