El Gobierno está dividido. La ministra de Hacienda y Función Pública, María José Montero, se ha abierto a estudiar el texto legal para acometer las reformas que sean necesarias. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apostado por esperar a que sean los tribunales los que unifiquen criterio. Igualdad, en cambio, insiste en que el problema no anida en la norma, sino en la escasa la formación de los jueces.
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