Todos los partidos cargan contra la corrupción, pero la ley que debe adecuar los mecanismos de la democracia para protegerse de ella lleva empantanada 18 meses. Una repetición de elecciones y el monopolio que el procés soberanista catalán ha ejercido sobre las Cortes han impuesto repetidas prórrogas en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que, esta vez sí, encara ya la recta final de su paso por el Congreso.
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