El escándalo estalló primero en Melilla, donde las denuncias de varios repartidores de Correos y, posteriormente, las declaraciones al respecto de la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, alertaron de una posible compra de votos por correo en la ciudad. Uno de cada cinco melillenses pidió el voto telemático, unas diez veces más que la media nacional, lo que encendió las alarmas y dio lugar a una operación policial que ya está dando frutos.
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