Todas las formaciones políticas prefirieron mirar para otro lado, a pesar de que tenían conocimiento directo de los planes que el entonces presidente de Fusara y delegado de fundaciones del Arzobispado, David López Royo (quien ahora está en el epicentro de las sospechas), tenía para estas instituciones: vender patrimonio y llevar colegios y residencias a un nuevo complejo sociosanitario y educativo que quería levantar sobre terrenos municipales.
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