La sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la octava sentencia que confirma y da la razón a las que llevamos 8 años denunciando la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos. No es una sentencia más, junto a las 7 anteriores, que dicta que la normativa hipotecaria española es anómala, injusta e ilegal, contraria a la directiva Europea de 1993, y que recordamos, el estado tenía de plazo para adaptarla hasta el 31 de diciembre de 1994.
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