El juez y todavía senador del Partido Popular, Manuel Altava, en la lista de nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PP y PSOE, se quedó con tres fincas del Estado a un precio ridículo en una sospechosa subasta celebrada el 14 de marzo de 2001. En concreto, Altava, que ejerce de presidente de la Comisión de Justicia del Senado, se hizo el mismo día con una finca de 4.170 metros cuadrados en Peñíscola por 5.639 euros, con otra parcela de 3.941 metros cuadrados en Sant Mateu por 676 euros.
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