El resto recomiendan, preparan la regulación o directamente ignoran, por ejemplo, cuántas máquinas expendedoras hay en los institutos y donde están. En 2011, la ley de seguridad alimentaria ya restringía la venta de estos productos en centros escolares. Por cada euro que las administraciones invierten en la promoción de buenos hábitos, la industria se gasta 30 euros en promocionar productos ricos en grasas, azúcar y sal.
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