A pesar de las recomendaciones internacionales, todavía son solo diez los estados que lo hacen, mientras que el resto siguen basando sus definiciones en función de la violencia, la intimidación, la fuerza física utilizada o la coacción. Así ocurre en España,donde el Código Penal vincula la agresión sexual a la existencia de violencia o intimidación y la diferencia así del abuso sexual.Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Chipre, Islandia, Bélgica, Portugal y, hace solo unas semanas, Grecia, son los países de Europa que sí cuentan
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