La resolución es tajante: de las 4.001 solicitudes presentadas, solo 95 consiguen justificar que necesitan más de los cuatro años de moratoria iniciales para recuperar su inversión. El resto, 3.906, han sido desestimadas, la mayoría porque no cumplían las condiciones, sobre todo la de que hubieran adquirido el coche o la autorización después del 30 de septiembre de 2014, cuatro años antes de la entrada en vigor del decreto ley que pasó la patata caliente de las VTC a las comunidades autónomas.
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