La Junta compró el inmueble, en Arroyo de la Encomienda, municipio anexo a Valladolid, hace 20 años, y la operación llevó aparejados unos sobrecostes de 20 millones de euros. En 2013, un juez abrió una investigación sobre el mal uso de los fondos públicos, y una década después, tras una singladura azarosa, la nave judicial ha llegado a su primer puerto: la vista oral.
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