La petición de la Fiscalía de tres años de prisión para cada uno de los siete participantes en las protestas de la huelga que paralizó durante nueve días el sector del metal en Cádiz ha vuelto a inflamar el ambiente, más de dos años después del fin del conflicto laboral. Organizaciones vecinales, sindicales y políticas consideran totalmente desproporcionada la petición de condena, que atribuyen a un intento de amedrentar a los trabajadores que defienden sus derechos en un sector cada vez más precarizado.
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