El objetivo de tal impuesto debería haberse dedicado a "disminuir los costes sociales y medioambientales", argumenta la sentencia del Tribunal. El Supremo aclara que este impuesto se utilizó para financiar una trasferencia del Estado a las autonomías, como la sanidad pública y problemas de liquidez. También añade que se ha producido "efectivamente una vulneración" del Derecho comunitario.
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