Tal volumen de problemas que el INE decidió en su día reclamar ante la Justicia el trabajo realizado por la empresa constructora, FCC, en busca de compensación. El asunto se enredó y ahora mantienen demandas cruzadas en los tribunales a cuenta de la reforma de la sede del INE, que con tanto boato se presentó allá por el año 2007 y cuya factura se elevó a 22 millones de euros.
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