El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido al PSOE dejar atrás su “cobardía” y reaccionar ante la “degradación” de la justicia, por lo que considera el uso partidista de la derecha, empezando por reformar el el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sea limitando sus competencias o cambiando el sistema de renovación, incluso por la vía de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a vocales.

El Tribunal Supremo israelí anuló en una votación este lunes la Ley Básica Judicial, la más importante aprobada como parte de la reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica.

Guillermo Fesser nos habla de la importancia de la reforma judicial que Netanyahu quiere sacar adelante y que le libraría de tener que responder ante la ley por sus supuestos actos de corrupción y le permitiría anular de facto la soberanía nacional israelí.

Un reservista militar israelí ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso a la recién aprobada reforma judicial porque puede exponer a oficiales del Ejército a acusaciones provenientes de organismos jurídicos internacionales. Estas acusaciones se darían "como consecuencia del daño causado a la independencia del sistema de aplicación de la ley en Israel", que anula la denominada 'cláusula de sensatez', que a su vez habilita a los tribunales a anular una decisión del Gobierno si se considera que va en contra del sistema democrático.

Como todos los sábados desde hace más de dos meses, las calles de Israel se llenaron de manifestantes que rechazan la reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu, al grito de "democracia, democracia" y "no a la dictadura". Netanyahu y sus aliados de coalición, ultraderechistas y ultraortodoxos, proponen otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente debilitada, según los expertos.

Lo que está ocurriendo con el intento del gobierno israelí de reformar el Tribunal Supremo no es una reforma judicial, sino más bien un golpe antidemocrático. La coalición de extrema derecha está legislando a una velocidad vertiginosa una serie de leyes extremadamente controvertidas, que en conjunto significan una cosa muy simple: el gobierno tendría el poder de aprobar cualquier ley que desee, e interpretar las leyes existentes de la manera que quiera, sin controles de su poder y sin protección de los derechos de las minorías.

Tildar de inusual la instrucción judicial del juez del caso de Begoña Gómez, no solo sería quedarse corto, sino ser benevolente a más no poder. Hablamos de un juez que abrió diligencias saltándose la doctrina del Supremo, que ha emitido una providencia llena de ‘lloros’ contra el fiscal porque, al parecer trabaja mucho y se interesa por el procedimiento y ha decretado un secreto de sumario, pero no ha dudado en dar documentos a las partes y ordenar emitir una nota de prensa poniendo los nombres y apellidos de los testigos a los que ha citado

El abogado de Eduardo Zaplana, el fiscal en excedencia Daniel Campos, considera que el caso Erial ha sido "un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial mantenida hasta hoy. No se ha buscado la verdad. Sólo apuntalar la versión que la Guardia Civil daba desde noviembre de 2015", cuando se inició la causa que se juzga desde el 21 de marzo en la sección cuarta de la Audiencia provincial de València. Y que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar

Se mantiene además en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos, al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura. Con esta decisión, se allana el camino para que la reforma reciba el visto bueno en el Parlamento.

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en los últimos días sendos anuncios en los que se procede a suspender expropiaciones en relación con el parque eólico de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, proyectado por Naturgy en la zona tras el cierre de la central térmica.

¿Qué ha pasado? Que un grupo de religiosas de Belorado y Orduña han provocado un seísmo en la Iglesia española. Uno lo suficientemente fuerte como para colarlas en el prime time televisivo, viralizarse en redes e incluso provocar una airada respuesta del arzobispo de Burgos y el obispo de Vitoria. ¿El motivo? Muy sencillo: hace unos días las monjas, un grupo de 16 clarisas famosas hasta entonces por sus trufas y lideradas por sor Isabel de la Trinidad, publicó un mensaje en el que anunciaban su ruptura con la Iglesia de Roma y el Papa.

Vicente Guilarte sostiene que el PSOE “no puede tomar en serio” esa propuesta que, a su juicio, supone “destrozar la separación de poderes”

El magistrado emérito del Tribunal Supremo dice que ello nace de una “resistencia numantina” de PP y PSOE “para no renunciar a esa sustanciosa tarta de los tres quintos que les permite repartirse los vocales” del órgano de gobierno del poder judicial, que lleva cinco años y cinco meses caducado por el bloqueo del PP con la aquiescencia del PSOE.

En apenas dos meses se han producido casi una veintena de asaltos en el depósito judicial de Campanillas, el último esta misma madrugada, según ha denunciado el funcionario del recinto, Juan Antonio Izquierdo. Una situación que, según subraya, es preocupante puesto que los responsables de estos robos estás sustrayendo pruebas que están bajo custodia por la apertura de distintos procedimientos que están pendientes de juicio.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, considera que los vocales no son responsables de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace cinco años el órgano de gobierno de los jueces y que, en consecuencia, no deberían renunciar a sus cargos para forzar la renovación que impide el Partido Popular.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha dado a conocer este sábado que ha denunciado al general y al coronel responsables del operativo de Barbate (Cádiz) en el que dos guardias fueron asesinados tras ser embestidos por una narcolancha, bajo el argumento de que podría haberse infringido la normativa de riesgos laborales. Un caso de interés para Ceuta.

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha anunciado este sábado que va a emprender una serie de acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso de su hijo, el cual contaría con la participación directa de su asesina pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) lleva cinco años y cinco meses con su mandato caducado, esta anomalía constitucional no ha impedido que el presidente y sus vocales hayan seguido con sus funciones y gastando parte del presupuesto de la institución en viajes y alojamientos. De hecho, la Unidad de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del CGPJ ha facturado 6.422.658 euros en desplazamientos en solo tres años, 2018, 2019 y 2022

"Esto no va a hacer más que deteriorar el poder de negociación de los trabajadores y, por lo tanto, su poder adquisitivo", señaló el titular de APYME. "ningún mecanismo que deteriore el ingreso de los trabajadores, o que deteriore el mercado interno, puede ser positivo para las pymes". "Las pymes vivimos, en su gran mayoría, del mercado interno. Ninguna vive de la exportación, algunas lo hacen esporádicamente", aclaró.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Catarroja se vió obligado a sobreseer actuaciones contra 6 presuntos narcos por el intento de secuestro de un camionero en 2020 al intentar recuperar un alijo de 1.860 kg de cocaína que entró por el puerto de València. El juez instructor declaró nulas todas las pruebas contra estos 6 procesados, entre los que hay un Policía Nacional de la unidad antinarcóticos (Udyco) que presuntamente facilitaba información a la organización, al reconocer que las actuaciones se hicieron tras el plazo máximo de instrucción.

Primera: la superación de la figura del juez de instrucción en favor del fiscal investigador y el juez de garantías. Segunda: Regular el ejercicio de la acción popular. Tercera: Recuperar la responsabilidad civil de jueces y magistrados por sus propios actos. Cuarta: Transformar los juzgados en tribunales de instancia para que los jueces recién incorporados a la carrera lo hagan de forma colegiada dentro de las salas de justicia de las audiencias y tribunales.

La principal novedad es que no se va a contar, para nada, con el parecer de las asociaciones judiciales conservadoras las cuales han sido beligerantes con la izquierda y a las que se consideran responsables del bloqueo del CGPJ por parte de la derecha conservadora durante cinco años y medio por la postura maximalista que mantienen tendente a que sean los jueces los que designen a los vocales en elección directa. Se manejan otras alternativas parecidas a las vigentes en los países europeos.

Ucrania ya ha cumplido plenamente su parte de compromisos para poder iniciar en junio las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión Europea.

Apenas 150 guardias civiles pusieron en jaque al narcotráfico en el Sur de España. Quizá por eso, cuando el Ministerio del Interior decidió a principios de 2022 desmantelar el Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico, más conocido como OCON Sur, hubo brindis con champán en el lado oscuro de la frontera. El OCON se creó en 2018 para intentar recuperar el vilipendiado principio de autoridad y sus números fueron espectaculares.