La educación sigue siendo, ante todo, un arma política e ideológica y que lo que prima es la rentabilidad electoral

Han pasado 18 meses desde que el Congreso creara la Subcomisión para intentar lograr un Pacto Educativo, pero la pasada semana PP y Ciudadanos, únicos partidos que seguían en ella, han tenido que poner fin a las reuniones y el objetivo se ha quedado solo en el intento, como ya ocurrió en 2010. Fue siendo ministro el socialista Ángel Gabilondo cuando no se consiguió que todas las fuerzas políticas acordaran una ley que supere las distintas legislaturas y ahora, durante el mandato de Íñigo Méndez de Vigo, tampoco parece que se vaya a lograr.

Ambos partidos confirman el fracaso de las negociaciones para un pacto de Estado por la Educación. Estas dos formaciones, las únicas que mantenían la mesa de diálogo, han anunciado que no volverán a reunirse.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha tomado la decisión de abandonar la subcomisión tras una reunión de urgencia con la Comunidad Educativa porque es "imposible" llegar a un acuerdo. El PSOE ya dejó este lunes la mesa del pacto. Relacionada: www.meneame.net/story/pacto-educativo-rompe-tras-levantarse-psoe-mesa-

El Pacto Educativo se ha roto hoy en el Congreso después de que el PSOE haya abandonado las reuniones de la Subcomisión por la insuficiente oferta de financiación que ha propuesto el PP.

Un pacto educativo estable, como el que demanda la sociedad, sólo puede asentarse a partir de la resolución de tres ejes cruciales. El primero es la financiación. El segundo, el respeto de la libertad de conciencia y, el último, el respeto de la idea del bien común.

Sánchez Serna asume que su grupo "no se puede ir de esa subcomisión permitiendo que la religión sea evaluable o que se sigan financiando con dinero público colegios del Opus Dei que segregan a niños y niñas en clase", y asegura que le preocupa especialmente que el hipotético pacto sea "sordo" a la necesidades de la sociedad y se rubrique sin contar con la comunidad educativa y las comunidades autónomas

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública --integrada por organizaciones de padres, alumnos y sindicatos de enseñaza-- ha avisado de que "saldrá a la calle" si no es considerada un interlocutor más, como los son los grupos parlamentarios, en la negociación del Pacto Social y Político por la Educación.

El ministro de Educación cierra las exposiciones de la subcomisión para un acuerdo de Estado destacando la necesidad de un "consenso". Los grupos de la oposición recriminan que no haya detallado qué compromiso de financiación quiere contraer en este acuerdo

Con motivo de los recientes atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, la Comisión Islámica Española ha pedido iguales privilegios que la Iglesia católica. En concreto: enseñanza, financiación vía IRPF, asistencia religiosa, mejoras laborales y formación de imanes en Universidades. Aunque parezca oportunista, tiene su lógica porque es una religión más y se apunta al régimen de prebendas conseguidos por la Iglesia católica con el Concordato. Un Concordato negociado con el Vaticano antes de la Constitución de 1978 y que urge denunciar.

Más de ocho millones de alumnos y casi 700.000 profesores vuelven a las clases. El curso escolar 2017-2018 arranca esta semana en varias comunidades autónomas, en medio de la incertidumbre acerca de si se alcanzará o no en los próximos meses el Pacto Social y Político por la Educación que los grupos parlamentarios negocian en el Congreso de los Diputados desde hace más de ocho meses.

Es una medida que para la dirección del centro supone la “destrucción” de su proyecto educativo, que habían conseguido diferenciar por la enseñanza, desde un centro público, de tres idiomas: inglés, francés y alemán. El director del centro, Borja Rodríguez, criticaba en declaraciones a EL FARADIO que esta decisión se haya tomado “sin opción a negociación”. “No pedimos más dinero para el centro, tampoco pedimos dinero para libros –funcionan con un banco de libros a modo de trueque-, Pedimos que nos mantengan lo que hay“...

Los representantes reivindican la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede así como con musulmanes, judíos y evangélicos.

El pasado 14 de febrero empezó a andar la subcomisión para el Pacto social y político por la Educación, el espacio que el Congreso ha acordado para debatir la que debería ser una futura ley de educación consensuada en España. “Alcanzar un acuerdo con todos los partidos me parece imposible”, José Gimeno Sacristán cree que la palabra pacto resulta confusa, falsea la realidad de lo que se habla. Este pedagogo ve más probable llegar a consensos que de entrada sirvan para dejar atrás algunos de los principales aspectos de la LOMCE, una ley que sigue

Agustín Moreno de Asamblea Marea Verde, Mareas por la Educación Pública y Redes por Otra Política Educativa. en la comparecencia en la Subcomisión de Educación del Congreso de los diputados, 21 de febrero de 2017.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que la materia no puede seguir computando en el expediente, como introdujo el PP en la Lomce. Los 'populares' no aclaran si comulgarán o no las exigencias de los obispos: mantener blindada la materia y la selección de los docentes sin oposición. El ministro se reunió en noviembre con la Conferencia Episcopal para sondear su postura de cara a las negociaciones políticas y volverá a hacerlo en febrero

El Partido Socialista, PP y Ciudadanos apuestan por un pacto parlamentario para la educación excluyendo de facto las voces de la comunidad educativa en la redacción de una ley que luego que tendrá que implementar y padecer. Es fundamental apostar por una alianza por la educación con participación protagónica de la comunidad educativa, que lleva años movilizándose y trabajando en un Documento de Bases para una nueva ley de educación.

Agustin Moreno analiza que es un paso la decisión del Congreso de paralizar la puesta en marcha de las reválidas, pero advierte de que urge derogar la LOMCE. "La LOMCE es mucho más que las reválidas, aunque parece que todo se focaliza en esta cuestión de innegable transcendencia (...) Urge la derogación e iniciar la construcción de un nuevo marco legal para la educación"

El profesor José Antonio Marina está convocando a partidos políticos a una reunión para que firmen una “hoja de ruta para un pacto educativo”. Lo hace por encargo de la Cátedra Nebrija-Santander. Podemos imaginar lo que opinan tanto el banco como una universidad privada y elitista. La arrogante propuesta de Marina quedará en un vano intento de lavar la cara a los responsables del mayor ataque a la educación pública. No puede haber pacto educativo que no se construya sobre la base de la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes.

La profusión del señor José Antonio Marina en realizar libros blancos sobre la educación en una determinada orientación política, primero uno sobre el profesorado y ahora otro sobre el Pacto educativo, no deja lugar a dudas, de que contamos con todo un gurú para guiarnos en la solución de los problemas de la educación.Cómo es posible arrogarse la representación de la sociedad civil para elaborar un ‘Libro blanco’ sobre el ‘Pacto Educativo’, cuando su legitimidad para hacerlo procede sólo de la consideración que él mismo hace y sin representar

Desde Yo Estudié en la Pública señalan algunos puntos del pacto PSOE-Ciudadanos que incurren en generalidades o inconcreciones que amenazan los pilares democráticos de la Educación Pública

Las elecciones europeas, que arrancaron el jueves en Países Bajos, dan el pistoletazo de salida al nuevo ciclo donde la UE encara terreno desconocido con un mundo cada vez más volátil, la amenaza Trump o el riesgo de regresión en su integración.

Teresa Rivera, candidata del PSOE a las europeas, abierta a pactar con la ultraderecha. Que no lo digo yo. Lo dice ella.

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Mis hijos mayores combinaron la teoría con la práctica, leían, iban a museos y tenían muy buen nivel: el de una escuela pública de calidad. Pero mi hija pequeña, si yo no la enseño, llega muy justa a saber leer y a hacer cuentas. En clase no practican ni les mandan deberes para casa. Han desaparecido los libros de texto, las libretas y las asignaturas. No hay exámenes y evalúan por rúbricas.

El supuesto pacto entre dos monjas en Chile ha conmocionado al país. La Policía investiga a una religiosa que mantuvo durante un año el cuerpo sin vida de su amiga y después se deshizo de él abandonando en la calle sus restos en el interior de una maleta.

El acuerdo hace más difícil las llegadas, más duro el proceso para recibir asilo, e incluso da bastante margen a los países receptores de flujos migratorios para 'devolver' a quienes consideren que no tienen derecho a quedarse

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa la primera propuesta para reformar la jubilación parcial. En un encuentro mantenido este lunes con los representantes de CEOE, UGT y CCOO ha esbozado el punto de partida para realizar cambios en el modelo que permite que un trabajador reduzca su jornada, cobre la parte de la pensión correspondiente a las horas que deja de trabajar y que en su lugar, se incorpore a otra persona con un contrato de relevo.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo antes incluso de que esta presentase la denuncia. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, quiso así evitar el juicio. La Fiscalía lo rechazó y presentó la denuncia. Según ha avanzado La Sexta y ha confirmado elDiario.es, ese ofrecimiento se hizo a través de su abogado, que mostró la disposición de su cliente a asumir los delitos para alcanzar un acuerdo sobre la pena.

Una buena parte de la plantilla de Endesa deberá volver a las oficinas de manera permanente en poco más de tres meses si los sindicatos y la compañía no prorrogan el acuerdo de teletrabajo que firmaron en 2022. La eléctrica tiene alrededor de 8.000 empleados bajo convenio y unos 4.700 son susceptibles de acogerse a trabajar desde casa, quedando fuera, como es lógico, las personas que trabajan en centrales, líneas, centros de control o en gestión de plantas.

El tamaño del sector público argentino creció hasta niveles insostenibles durante los últimos 20 años. El Gobierno propone una agenda para reducir paulatinamente el tamaño del Estado para consolidar la solvencia fiscal en el país. El Presidente de la Nación Javier Milei anunció oficialmente su convocatoria para el llamado “Pacto de Mayo”

Según WWF, con la modificación de esta norma, "los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana que, a día de hoy, están considerados como forestales y que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal. La ministra, preocupada, hablará con Juanma Moreno. Paralelamente, se retrasa el acuerdo entre ayuntamientos para repartirse 70 millones en inversiones.