El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el senador del PP José Antonio Monago le acusara el pasado martes en la Cámara Alta de protagonizar el "mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España". Monago se refirió con estas palabras a la participación de De Prada en la sentencia que en mayo de 2018 dio por probada la existencia de una caja B en el PP y desencadenó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano R

Pocos días después de conocerse la sentencia, María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, tuvo que comparecer en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por la supuesta financiación ilegal del partido. "La sentencia está intentando prejuzgar las declaraciones de unos testigos extralimitándose en sus funciones como argumentación", argumentaba la ex secretaria. El entonces portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, cargó contra De Prada y afirmó que era cercano a ETA

El Partido Popular no quiere vérselas con el juez José Ricardo de Prada en el próximo juicio en el que se dirimirá su responsabilidad civil en la causa sobre la presunta caja B de la formación. Tras su paso por el tribunal internacional de La Haya, el magistrado ha regresado a su puesto en la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional. Su reincorporación supuso, de forma automática, su irrupción en dos de los casos desgajados de la Gürtel el de la caja B del partido, abierto a raíz de los conocidos como papeles de Bárcenas

Los magistrados Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado entrarán a formar parte de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tumbara el pasado mes de marzo por unanimidad los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco efectuados por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes.

Después de que el CGPJ le impida la reincorporación a su plaza. El Poder Judicial rechaza la vuelta del juez de Gürtel, José Ricardo de Prada, a la Audiencia Nacional por no acreditar su cese en La Haya.El magistrado ha publicado un comunicado denunciando la decisión que frena sus aspiraciones de formar parte del Poder Judicial.

El sumario declarado secreto desde el inicio del caso de Begoña Gómez era el documento más deseado por los medios de comunicación. Sin embargo, la decepción ha sido mayúscula al poder comprobar su contenido completo: la nada jurídica. De hecho, en los más de 1.000 folios que hay hasta ahora, sin contar toda la documentación adjunta, lo único importante o relacionado con lo denunciado es el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que, además, es exculpatorio para la mujer de Pedro Sánchez

El procedimiento se encuentra en diligencias previas y, según la organización, el único denunciante es la Brigada de Información de la Policía Nacional. La imputación es como organización criminal debido a las protestas climáticas que llevan a cabo, según han informado tres portavoces de la organización ecologista este martes 28 de mayo en una rueda de prensa. Futuro Vegetal ha indicado que han recibido "bastante apoyo" ya que "la escalada represiva ha generado una amenaza muy fuerte dentro de lo que es un movimiento ecologista".

Juan Carlos Peinado había ampliado el secreto de las actuaciones, a pesar de que la Guardia Civil había entregado un informe en el que señalaba que no hallaba indicios de delito contra la mujer del Presidente del Gobierno.

Los expertos aseguran que no debería haber dado ningún dato personal, y menos con la causa bajo secreto de sumario. A priori, un juez no puede hacer púbicos los datos personales de ciudadanos anónimos que simplemente acuden como testigos, como es este caso, ya que no son personas de pública notoriedad como podría ser un político o un empresario del Ibex 35. Pero es que las fuentes van más allá y dicen que, “si el propio magistrado ha decretado el secreto de sumario, los datos personales no pueden trascender”.

La pinacoteca quiere que el cuadro cedido por su dueño se quede en su colección para siempre. Lo exhibirá durante nueve meses, pero su anónimo propietario tendrá la última palabra. Con la autoría de Caravaggio establecida sin ningún género de dudas, se hizo cargo de la pieza por encargo de la familia Pérez de Casto el galerista Jorge Coll, CEO de Colnaghi.

Peinado acaba de acordar nuevas testificales y avanza en la causa tras advertir al fiscal del caso que deje de acudir en persona al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones.

Según se desprende del recurso de casación,se ha podido saber que el abogado del Pequeño Nicolás fue Manuel Marchena Perea, hijo del polémico juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Asimismo, ponente de la causa es Eduardo de Porres, con claros vínculos con el PP tanto él como su entorno. Él es colaborador del FAES -la fundación de José María Aznar-, su mujer milita en el PP y su hijo en Nuevas Generaciones (NNGG).

El juez Juan Carlos Peinado, que abrió diligencias tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado a la Policía Nacional que le remita "a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez”. Esta solicitud se produce después de que el juez aceptara la personación del Movimiento de Regeneración Política de España en la causa.

El juez que investiga bajo secreto de sumario a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a instancias de una denuncia de Manos Limpias, ha redactado un escrito en el que carga contra el fiscal del caso. Según publica la agencia EFE, el instructor del caso ha pedido a los funcionarios del juzgado que documenten “las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal”.

El juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de tráfico de influencias ha admitido la personación de una nueva acusación popular, la de Movimiento de Regeneración Política de España, en la causa --que permanece secreta-- después de que haya consignado la fianza acordada.

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha decidido exculpar a los Mossos d'Esquadra de la pérdida de un ojo que sufrió una joven durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel 2021. En un auto, el magistrado no solo descarga de toda responsabilidad a la policía catalana, sino que también considera que la joven debe “cargar con las consecuencias” de haber acudido a unos disturbios.

La UCO descarta que influyera en el rescate del Gobierno a Air Europa y en los concursos convocados por Red.esSus conclusiones irán al juzgado que abrió diligencias por presunto tráfico de influencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias

En España ya hay más de 700 abogados que utilizan cada día Maite.AI, una herramienta creada hace menos de un año y basada en inteligencia artificial para actuar como un asistente personal y aliviar la carga de trabajo de los profesionales. Para entendernos, hablamos de una especie de ChatGPT español, pero mucho más preparado en temas jurídicos. Hasta tal punto de que ha superado algunas de las pruebas a las que se someten los opositores a jueces. Fue en el verano del año pasado cuando a sus creadores se les encendió la bombillita. En ese momen

"Están fanatizando a la gente diciéndole cosas absurdas".

El juez Manuel García Castellón ha rechazado investigar si la 'policía patriótica' conspiró para obtener información del suegro de Pedro Sánchez y perjudicar al hoy presidente del Gobierno. El magistrado ha denegado la petición del PSOE de abrir una línea de indagación a raíz de unas conversaciones de 2014 en las que el comisario de policía y Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, exploraban la posibilidad de espiar al padre de Begoña Gómez para “matar políticamente a Sánchez”.

Alberto González Amador, considera que la personación del PSOE en el procedimiento que se sigue contra él por fraude fiscal representa un "riesgo absoluto de revelación de secretos". En un escrito al que ha tenido acceso a El Confidencial, su defensa pide a la jueza que limite el acceso de los socialistas a las actuaciones y se muestra tajante sobre sus verdaderas intenciones: "Nadie duda de que el PSOE, en caso de que reciba copia de los soportes, los va a divulgar".