Se abre un nuevo frente judicial en contra de la Comunidad de Madrid por la venta de vivienda pública en 2013. El Supremo va a estudiar si el Gobierno autonómico estaba obligado a dar una respuesta habitacional a una de las cerca de 3.000 personas afectadas por la venta de vivienda pública a Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estos pisos y participada al 97% por el fondo Goldman Sachs.

El Tribunal Supremo ha rechazado el primer desahucio de una vivienda protegida del Instituto de la Vivienda de Madrid, IVIMA, adquirida por el fondo de inversión Encasa Cibeles al perder la condición de propietario después de que la Justicia declarase nula la venta.

Este vídeo no es el habitual en este canal, es una muestra de lo que va a pasar a una de las muchas familias que se van a quedar atrás.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación de la venta de casi 3.000 viviendas públicas por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora, en 2013. En diciembre pasado, el Supremo inadmitió los recursos de casación interpuestos por la Comunidad y Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló esa operación, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).

Rachid Boikou llevaba años soñando con este desenlace. En 2013 demandó al Instituto de la Vivienda y el Suelo de Madrid (IVIMA) por vender su vivienda social a un fondo buitre. No tenía recursos y le asignaron un abogado de oficio que le ha acompañado hasta el final.

El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre que el Gobierno de Ignacio González (PP) llevó a cabo en 2013,

La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación presentado por la Asociación de Lucha contra la Corrupción (Corruptil) contra la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo Instituto de Vivienda pública de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, en 2013, una operación plagada de irregularidades, según concluyó la Cámara de Cuentas, en la que se investigaban presuntos delitos de prevaricación y malversación. La sentencia impide continuar investigando posibles delitos penales, como la presunta malversación de fondos..

Una familia del Ensanche de Vallecas -que reside en una de las viviendas del Ivima que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo de inversión durante el mandato de Ignacio González- ha logrado una importante victoria judicial, ya que una jueza de Madrid ha fallado a su favor y ha dictaminado que Encasa Cibeles no puede desahuciarles de la casa en la que viven desde 2007. La sentencia establece que Encasa Cibeles tiene que someterse a la normativa de vivienda pública de la Comunidad de Madrid y no puede rescindir el contrato unilateralmente.

La comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid ha asegurado, en su reciente informe de conclusiones, que hubo una "intención clara de favorecer", por parte del Gobierno regional, a los fondos de inversión licitadores, y a la postre adjudicatarios, de la venta de casi 3.000 vivienda sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en 2013."Se puede afirmar que los responsables políticos de la enajenación utilizaron viviendas públicas para favorecer los intereses especulativos de grandes inversores..

En nombre de la asociación Corruptil, califica de "giro copernicano" la postura de la Fiscalía.El letrado recuerda que el Ministerio Fiscal consideraba hace un año que la operación de venta de casi 3000 viviendas sociales estuvo "trufado de irregularidades" y que "lo que fueron indicios siguen existiendo,no han desaparecido".Cuestiona que el juez en su auto haga "descansar su decisión de sobreseer la causa" en lo que respecta al delito de prevaricación,"en el pretendido desconocimiento que los investigados tendrían sobre la 'arbitrariedad del

Joaquín González-Herrero González,el fiscal que pidió el archivo de la causa que investigaba la venta de 32 promociones de viviendas del Instituto de Vivienda Pública de Madrid (IVIMA) al fondo Azora-Goldman Sachs es hermano del juez Juan Pablo González,quien fuera recusado en el caso Gürtel por sus vínculos con el PP. A finales de 2018,de manera sorprendente,la Fiscalía cambió de criterio y después de afirmar,como hace un año,que el proceso de la operación de venta estuvo “trufado de irregularidades”,en diciembre pidió el archivo de la causa

El pasado 21 de diciembre la Fiscalía de Madrid daba un giro en la venta de viviendas públicas del IVIMA a Goldman Sachs. El Ministerio Público reclamaba el archivo de la causa. Y los afectados de esta operación han salido a la calle para protestar por este cambio de criterio. "La Comunidad Madrid han preferido proteger y posicionarse con las empresas de los fondos buitres al afirmar que la venta de VPO se produjo legalmente”. Falta de colaboración de la Comunidad de Madrid al bloquear “la entrega de informes o la cesión de peritos”.

Las familias afectadas por la venta de viviendas del Ivima –unos 3.000 pisos que el Gobierno de Ignacio González puso en 2013 en manos de un fondo buitre- han pasado de la indignación a acción y han convocado protestas en la calle para pedir que el juez no archive la causa penal como solicita la Fiscalía.

Solo en Lavapiés hay cuatro edificios públicos sin gente y en toda la región más de 500. "Vivimos en un contexto de emergencia habitacional donde se está desahuciando a muchas personas. Lo que nos ha dicho la Comunidad de Madrid es que están adjudicando esas viviendas. Nosotros lo que decimos es que si desde 2006 a 2018 no has podido adjudicar estas viviendas es que las personas encargadas no son competentes para mantener los cargos y, por tanto, pedimos su dimisión inmediata"."Veo un edificio vacío, veo una injusticia. Veo un montón de casas

Manuel Pinto es el letrado que ha conseguido que un juez anule la venta de 2.935 pisos públicos de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión pese a que había inquilinos en su interior que disfrutaban de alquileres sociales. "No me atrevo a pronosticar si las casas volverán a ser públicas pero hay indicios de que el IVIMA no actuó conforme a derecho"

El primer perito propuesto por la Agencia tributaria Laquidain Hergueta,aparecía como apoderado de una empresa vinculada a la SICAV Bussola 99,firma investigada en este caso y en la que aparece como consejero Pablo Cavero,responsable de Vivienda de la C. Madrid en el momento de la venta.La delegada especial de la Agencia Tributaria de Madrid,R. Catalá Polo,nombró entonces un segundo perito,para investigar las conexiones empresariales detrás de la venta de las viviendas sociales;no hay información de Bussola 99,su domicilio fiscal en Pamplona..

El Tribunal Supremo avala el derecho que tienen los afectados por la venta de viviendas del Ivima a un fondo buitre a impugnar dicha operación al considerar sus intereses fueron perjudicados a causa de la transacción que realizó la Comunidad de Madrid durante el mandato de Ignacio González.Este fallo judicial supone el primero que estima que los adjudicatarios de las viviendas tienen el derecho a recurrir dicha venta, después de que múltiples recursos contra la decisión hayan sido desestimados por la justicia madrileña al “no afectar”..

Los perjudicados por la venta que hizo Ignacio Gonzañez de 2.913 viviendas públicas al fondo buitre denuncian maniobras para dilatar el proceso judicial.