La Comunidad de Madrid se ha convertido en el centro de operaciones de los grandes fondos de inversión en el mercado del alquiler con un resultado poco balanceado: son los que acumulan más beneficios, denuncias de aumento de precio, más casos de mobbing inmobiliario y desahucios, y son, de lejos, los caseros que menos dinero dejan en las arcas del Estado. La ingeniería fiscal para no pagar impuestos o para reducirlos al mínimo ha alcanzado en el sector del alquiler una de sus cimas más altas.
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