[por su furibunda crítica al Gobierno] Según el escrito presentado ante la Fiscalía General, el artículo publicado por Consuelo Madrigal podría suponer una "incitación similar a lo que ella interpretaba como delito de rebelión o sedición hace poco desde los estrados del Tribunal Supremo"

Ex presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, magistrado en varios procesos al GRAPO, ETA y la izquierda abertzale, del “Caso Pandora”, y sobre todo mediático juez del 11M, nada es ajeno en el mundo del derecho a Javier Gómez[...] En 2018 solicitó una excedencia y colgó la toga de juez para convertirse en abogado del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Es en esta nueva vida cuando la familia de la pastelería La Suiza contrata los servicios de Gómez Bermúdez para su exitosa batalla judicial contra los sindicalistas de CNT

Xega incluirá al grupo municipal popular, que no apoyó el texto por una referencia a la 'Ley Trans', en el ladrillo rosa que entregará a Alfredo Canteli

Más de 21.000 personas en representación de nada menos que 139 naciones, un verdadero microcosmos de la Mayoría Global, debatieron todas las facetas del impulso hacia un mundo multipolar, multinodal (la cursiva es mía) y policéntrico. San Petersburgo, más allá de todas las redes de contactos y la frenética negociación de acuerdos -78.000 millones de dólares en sólo tres días-, elaboró tres mensajes clave entrelazados que ya resuenan en toda la Mayoría Global.

Pedir más cosas en la demanda normalmente supondría pedir más dinero en total, con lo que aumentaría la diferencia entre lo que el trabajador pediría y la posible oferta de la empresay disminuirían las posibilidades de que el trabajador la aceptara. Por eso los "laboralistos" piden menos para reducir las diferencias y aumentar las posibilidades de que el trabajador se "trague" cualquier oferta que haga la empresa. Especialmente, no quieren pedir nada de lo que tengan la sospecha que la empresa jamás aceptaría.

Carlos Bardavío (Alcañiz, 1981), abogado y doctor, dio un giro en su carrera cuando estaba realizando su doctorado en Sevilla. Aconsejado por su director, decidió enfocar su trabajo final en el derecho penal y las sectas. "La jugada me salió bien", reconoce a 20minutos después de haber conseguido que se condene por primera vez en España al líder de un grupo coercitivo por manipular a sus fieles.

Una mujer pide un abogado de oficio sin tener derecho a él para alargar un proceso judicial, y sale condenada. No tenía derecho a justicia gratuita y logró dilatar el proceso judicial 11 meses. La letrada añade que están conformes con la indemnización. “La demanda nunca tuvo como finalidad el lucro económico, pretendía poner fin a las prácticas de quienes sin ningún tipo de escrúpulo, en beneficio propio y, en perjuicio de terceros, hacen un uso abusivo del derecho a la asistencia jurídica gratuita pervirtiendo el sistema de tutela judicial

España ha vuelto a ser invitada a participar en una reunión del G7. El trabajo del Gobierno de coalición, con los mejores datos económicos de las grandes economías europeas durante 2023 y, según las previsiones de Bruselas, para este año y el siguiente, ha propiciado que el país sea convocado por el selecto grupo formado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Concretamente, el Ejecutivo ha sido llamado a participar en las reuniones de los ministros de Economía y Finanzas del G7.

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

El derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y el derecho al respeto de su vida privada se oponen a que las autoridades de un Estado miembro se nieguen a reconocer e inscribir en un registro civil el nombre que un nacional de ese Estado miembro ha adquirido en otro Estado miembro, cuya nacionalidad también posea. Lo mismo sucede con la negativa de esas autoridades a reconocer la identidad de género adquirida por el nacional de que se trate en ese otro Estado miembro y a inscribirla en su asiento de nacimiento, sin tramitar un