El derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y el derecho al respeto de su vida privada se oponen a que las autoridades de un Estado miembro se nieguen a reconocer e inscribir en un registro civil el nombre que un nacional de ese Estado miembro ha adquirido en otro Estado miembro, cuya nacionalidad también posea. Lo mismo sucede con la negativa de esas autoridades a reconocer la identidad de género adquirida por el nacional de que se trate en ese otro Estado miembro y a inscribirla en su asiento de nacimiento, sin tramitar un
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