Esta es la historia de Soledad, una mujer de 66 años a la que le han rescindido el contrato de alquiler de la vivienda, de renta antigua, en la que vive desde hace 36 años. Desconsolada, explica que “no ha dejado de pagar nunca”.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos denuncia que este tipo de situaciones son cada vez más habituales y que los desalojos se siguen produciendo a diario en España pese a que la ley lo prohíbe cuando se trata de personas con escasos recursos y sin opciones habitacionales

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, promete pagar la subida a los funcionarios "de forma inminente" y "en ningún caso" eliminará el derecho que tienen los antiguos de jubilarse a los 60 años. También afirma que la herramienta para la identificación de edad para acceder al porno está "casi lista" y que quiere que España sea el primer pais en dar una solución a ese problema. Se muestra a favor de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, ya que España supera la media europea de permanencia en el trabajo

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP propone a sindicatos y a las principales asociaciones de centros privados de Galicia que sea la Administración autonómica la que asuma los gastos de las jubilaciones parciales de los profesores de la enseñanza concertada, que podrán reducir su jornada entre un 25% y un 50%, y de las contrataciones del personal de relevo. Así figura en un borrador de acuerdo elaborado por la Xunta de cara a la reunión de la comisión tripartita de la educación concertada de este jueves, 27 de junio.

Un juez de primera instancia de València se ha visto obligado a urgir en un auto a la empresa pública de vivienda de la Generalitat Valenciana para que busque una solución habitacional a una familia en una delicada situación, con un anciano tetrapléjico, una mujer en situación de desempleo y una niña de 10 años.

La entidad compra a los propietarios su humilde vivienda en el turistificado barrio de El Pópulo y le hace a su inquilina desde hace más de 50 años un contrato indefinido por la misma renta que está pagando.

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

Siete de cada diez desalojos entre enero y marzo de este año fueron por impago del alquiler, según datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, los lanzamientos practicados por ejecuciones hipotecarias, es decir, desalojos forzosas por impago de crédito, también aumentaron por primera vez en dos años, desde el primer trimestre de 2022.

"¿Qué Servicios Sociales son esos, que nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos en vez de sacar la cara por nosotros ante la Fiscalía?". Los Servicios Sociales de Sant Eulària des Riu les han comunicado que no hay más recursos para la familia. "Nos hemos comprado un coche este mismo lunes porque el viernes pasado en una reunión nos dijeron que este martes nos quedábamos sin alojamiento y que corríamos el peligro de que nos quitaran a nuestros hijos. Esto no va a pasar, antes nos vamos de la isla y lo perdemos todo..."

Varios colectivos se coordinan para frenar la cuenta atrás del desalojo de María, de 88 años y medio siglo de alquiler en El Pópulo, que tendrá que abandonar el 26 de junio la casa donde ha vivido desde 1967, porque su dueño ha proyectado hacer pisos turísticos allí. María, que tiene hijos y una pensión de 1.180 €, no puede adelantarse en una lista de demandantes de viviendas con familias en peor situación que la suya. Hasta en la precariedad hay niveles. Y esa es la angustia de la familia de María. Que no sabe qué va a pasar después del 26

Mari Carmen lleva viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio madrileño de Ibiza, durante casi 70 años. Este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle al no poder asumir la subida del alquiler que reclaman los propietarios del edificio.

Fue desahuciado y acampó durante ocho meses en el Paseo del Prado de Madrid. Actualmente, se suma a la denuncia interpuesta por el movimiento Nadie Sin Hogar para reclamar protección y ayuda por parte de las administraciones.

La Consejería de Desarrollo Educativo pretende que realicen labores de apoyo a docentes noveles y a los que estén en prácticas durante un máximo de 10 horas al año, y para que participen en la formación docente y que realicen actividades de mediación y orientación. La Consejería defiende este proyecto de Decreto alegando que el profesorado ha desempeñado a lo largo de los años un papel fundamental en la formación de la ciudadanía, "prestando un servicio esencial que la Administración educativa debe poner en valor".

Un agente de la Policía Nacional que investigó a Pompeyo González, el autor del envío de cartas explosivas a Moncloa y a varias embajadas, ha afirmado este lunes que el jubilado sabía que estaba siendo vigilado días antes de su detención. Por este motivo, el burgalés de 74 años al que la Fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado 22 años de prisión por un delito de terrorismo con lesiones, habría aprovechado para eliminar pruebas.

Un doctor de atención primaria con 46 años de servicio escribe una carta a la gerente de Atención Primaria, Rosario Azcutia, exponiéndole sus razones para ausentarse de un acto de reconocimiento

La presión popular parece haber surtido efecto. El anunciado desahucio de María Muñoz, previsto para el 26 de junio para convertir su piso en vivienda turística, seguramente no tendrá lugar. Su hija agradece a Agustín Rubiales (constructor que ofrece un piso), a Antonio Gallardo, presidente de la plataforma de vecinos del Pópulo. Pero también destaca el apoyo constante del Ayuntamiento. El ayuntamiento, por su parte, intenta que se cancelen las solicitudes de viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad de Cádiz. Pide quedarse 8 meses más

Se llama María Muñoz y tiene 87 años. El próximo 26 de junio, como máximo, será desahuciada de la casa en la que ha vivido 57 años, desde 1967, en alquiler. Con el barrio lleno de carteles y una creciente indignación vecinal, el Ayuntamiento trata de buscar alternativas imposibles. Su impacto, incluso en televisión, con colaboración municipal y una mención en el Parlamento de Andalucía, ha sido tan fuerte que ha causado una pequeña revuelta vecinal. "Será legal pero no es decente."

Cayó al patio de luces del edificio. Fue rescatado por los bomberos e ingresado en un hospital.