La Comunidad de Madrid tiene el 10% de sus viviendas protegidas okupadas irregularmente y sus inquilinos le deben 65 millones de euros. Recurre a un equipo de abogados para revertir la situación.

La morosidad en el alquiler de viviendas puede ser una pesadilla para cualquier propietario, especialmente cuando se enfrentan a inquilinos profesionales del impago, individuos que explotan hábilmente los vacíos legales para evitar el pago de la renta y prolongar su estancia.

Las marcas que lideran el ranking son Ros Casares Centro del Acero SL, Urco & Urbaser UTE, GEROSGAR SL y Goya sesenta y nueve SL

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el décimo listado de grandes deudores con Hacienda, aquellos que al cierre de 2022 debían más de 600.000 euros y sus responsables solidarios, una relación que se ha reducido un 13,7 % tras incorporar los nuevos criterios fijados por el Tribunal Supremo: solo pueden figurar en el listado las deudas firmes.

La llegada de cada verano empieza con la vergonzosa lista de deudores con Hacienda. El décimo listado de morosos incluye deudas por 15.200 millones de euros, un 14,1% menos con respecto al listado de junio de 2022. El listado de este año recoge a 6.076 deudores, un 13,7% menos, ya que aunque han entrado 630 nuevos deudores cuya deuda suma 955 millones, otros 1.591 deudores han abandonado la lista.

La Agencia Tributaria creará una plataforma para que las pymes y los autónomos cumplan con su obligación de emitir facturas digitales. Afectará a aquellas que retrase el abono de un 10% de sus facturas y éstas superen los 600.000 euros. La norma define las características básicas del futuro sistema español de factura electrónica, que estará conformado por las plataformas de intercambio de facturas electrónicas de carácter privado y por una de ámbito público, que cumplirá además la función de repositorio de facturas que será gestionada por AEAT

La Agencia Española de Protección de datos ha impuesto una sanción de 50.000 euros a una empresa, Fusiona Soluciones Energéticas, que incluyó en sistemas comunes de información crediticia los datos de una persona asociados a una deuda por un contrato que no se realizó. La empresa había interpuesto previamente una demanda contra el ahora reclamante, que un juzgado de primera instancia había desestimado íntegramente, absolviendo a este de todas las pretensiones contra él. El afectado en este caso reclamaba considerando que se había infringido el

la fundación Apip-Acam nos propuso alquilar el piso a una familia de refugiados sirios, asegurándonos en todo momento que ellos iban a responder ante cualquier incidencia que hubiera", añade. Asegura que "al cabo de un año" esa familia siria "dejó de pagar el alquiler de 650 euros" y la fundación Apic-Acam se desentendió por completo: "Dejaron a esa familia a su suerte y por extensión a nosotros. Nos dicen que ya están fuera del programa y se desentienden totalmente".

Se conoce como inquiokupación cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad. Algunos de los perjudicados llevan cuatro años con sus viviendas okupadas de facto, sin que los tribunales desalojen a sus inquilinos. Ni siquiera figuran en las estadísticas de ocupación porque legalmente lo que sufren es un impago.

Su piso está vacío, pero Isabel no puede abrir la puerta para entrar en él porque su inquilino moroso, que le debe más de 6.000 euros, no le ha devuelto las llaves. Puede parecer una broma, pero la ley le impide recuperar su piso hasta que el inquilino haya firmado su renuncia o lo dictamine un juez. Y, de momento, ni el juez se ha pronunciado ni su inquilino da señales de vida: se ha marchado sin decir nada, dejando diez mensualidades de 600 euros sin pagar.

Para dar confianza a los arrendadores y disuadir a aquellos que no quieren pagar, se está apostando por la creación de un registro de morosos. Los administradores de fincas aseguran que esto fomentaría el abono puntual de los inquilinos y permitiría a los propietarios consultar si un inquilino tiene un historial deudor.

Idealista lanza su certificado de inquilino no moroso basado en los datos de diferentes bases de datos.

La morosidad de los préstamos concedidos por el total de entidades de crédito a empresas y particulares siguió su tendencia a la baja al situarse en diciembre en el 3,54%, por debajo del 3,68% de noviembre y el menor nivel desde diciembre de 2008, cuando se situó en el 3,37%. El dato de diciembre también implica un descenso de 75 puntos básicos respecto al nivel registrado en el mismo mes de 2021, del 4,29%, según se refleja en los datos provisionales del Banco de España.

La Audiencia Nacional avala en una sentencia que una comunidad de vecinos en Ontinyent publique las deudas de una de las viviendas en el tablón del edificio y desestima una reclamación de protección de datos.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad mediante el empleo de números de tarificación adicional. Las víctimas llamaban a estos teléfonos para gestionar la baja en listas de morosos de personas que ya habían cancelado sus deudas. Por ello, han sido detenidos en Madrid 17 integrantes de esta red (asentada en Colombia y España) y se ha identificado a 140 víctimas en todo el territorio nacional.

La Diputación Foral de Bizkaia ha hecho público el listado de personas cuya deuda con la Hacienda Foral a 31 de diciembre de 2021 era superior a un millón de euros. En esa relación aparecen 158 personas, de las cuales 150 son personas jurídicas y 8 personas físicas. Todas las deudas y sanciones tributarias de más de un millón de euros suman 475.417.806 euros.

Los dos hombres fueron condenados por un delito de coacciones y recurrieron el fallo, pero la Audiencia Provincial de Lugo lo confirmó. "La actuación de los denunciados y su actitud resulta claramente expresiva de constituir un delito leve de coacciones, pues con su conducta resulta claro que pretendieron que la denunciante sufriera una minoración en su clientela.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de siete años y medio cárcel para un vecino de Villarobledo (Albacete) que trató de matar a un cobrador del frac que le había seguido durante varios días por una supuesta deuda que tenía contraída. Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2014 a las 11 de la mañana. El acusado embistió el coche del cobrador del frac con un vehículo industrial, de más de 11.200 kilos de peso, que conducía, de modo que la pala de carga de la grúa destrozó el automóvil de la víctima, que estaba aparcado junto a la acera.

Traficaban con cientos de datos personales y laborales de carácter reservado de desempleados de toda España y cobraban cada informe a precios de 10 a 25 euros.el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y 9 meses de cárcel para ese intermediario que hacía gestiones de cobro. Lo consideraron un cooperador necesario. Fue absuelto de cohecho (soborno).