La guerra de los jueces la estamos viviendo en España a tope, en unos niveles absolutamente preocupantes, porque la intromisión de jueces en cuestiones políticas ha sido tradicional en Estados Unidos y en muchos sitios, pero aquí está alcanzando unos niveles... Que 1300 jueces y juezas de la Asociación Profesional de la Magistratura se pongan, casi sediciosamente, pero sin tumulto, a las puertas de los juzgados para descalificar no tanto la ley de amnistía sino al presidente del Gobierno y a los independentistas catalanes es una cosa muy grave.

Justen Lipeles, uno de los millones de espectadores que estuvo en la gira Celebration de la intérprete, afirma que el show al que asistió contenía "material sexual sin advertencia". El hombre estuvo presente, concretamente, en el show que la "reina del pop" brindó el pasado 7 de marzo en el Kia Forum de California, y la demandó porque lo consideró demasiado sexual. "Me vi obligado a ver mujeres en topless en el escenario simulando actos sexuales", afirmó, espantado, en la demanda, que fue dada a conocer por el medio Blast.

El Ayuntamiento de Plentzia (Bizkaia) dice que es miembro de la República Vasca. El punto de partida de esta decisión ha sido una moción del movimiento EHUN, y han señalado que es la primera vez que una institución hace este tipo de declaraciones, una decisión "histórica". "A lo largo de la historia se han producido hechos similares en varios ayuntamientos de Euskal Herria, pero éstos, aunque se han abierto camino, se han limitado a pedir que se nos conceda la República Vasca, no a declarar la independencia", señala el movimiento.

Tildar de inusual la instrucción judicial del juez del caso de Begoña Gómez, no solo sería quedarse corto, sino ser benevolente a más no poder. Hablamos de un juez que abrió diligencias saltándose la doctrina del Supremo, que ha emitido una providencia llena de ‘lloros’ contra el fiscal porque, al parecer trabaja mucho y se interesa por el procedimiento y ha decretado un secreto de sumario, pero no ha dudado en dar documentos a las partes y ordenar emitir una nota de prensa poniendo los nombres y apellidos de los testigos a los que ha citado

La diputada israelí Sharren Haskel ha difundido una carta que ha enviado al Gobierno de su país «exigiendo el reconocimiento del País Vasco y Cataluña [entre otras regiones] como naciones independientes».

El abogado de Eduardo Zaplana, el fiscal en excedencia Daniel Campos, considera que el caso Erial ha sido "un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial mantenida hasta hoy. No se ha buscado la verdad. Sólo apuntalar la versión que la Guardia Civil daba desde noviembre de 2015", cuando se inició la causa que se juzga desde el 21 de marzo en la sección cuarta de la Audiencia provincial de València. Y que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en los últimos días sendos anuncios en los que se procede a suspender expropiaciones en relación con el parque eólico de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, proyectado por Naturgy en la zona tras el cierre de la central térmica.

¿Qué ha pasado? Que un grupo de religiosas de Belorado y Orduña han provocado un seísmo en la Iglesia española. Uno lo suficientemente fuerte como para colarlas en el prime time televisivo, viralizarse en redes e incluso provocar una airada respuesta del arzobispo de Burgos y el obispo de Vitoria. ¿El motivo? Muy sencillo: hace unos días las monjas, un grupo de 16 clarisas famosas hasta entonces por sus trufas y lideradas por sor Isabel de la Trinidad, publicó un mensaje en el que anunciaban su ruptura con la Iglesia de Roma y el Papa.

Vicente Guilarte sostiene que el PSOE “no puede tomar en serio” esa propuesta que, a su juicio, supone “destrozar la separación de poderes”

El magistrado emérito del Tribunal Supremo dice que ello nace de una “resistencia numantina” de PP y PSOE “para no renunciar a esa sustanciosa tarta de los tres quintos que les permite repartirse los vocales” del órgano de gobierno del poder judicial, que lleva cinco años y cinco meses caducado por el bloqueo del PP con la aquiescencia del PSOE.

En apenas dos meses se han producido casi una veintena de asaltos en el depósito judicial de Campanillas, el último esta misma madrugada, según ha denunciado el funcionario del recinto, Juan Antonio Izquierdo. Una situación que, según subraya, es preocupante puesto que los responsables de estos robos estás sustrayendo pruebas que están bajo custodia por la apertura de distintos procedimientos que están pendientes de juicio.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, considera que los vocales no son responsables de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace cinco años el órgano de gobierno de los jueces y que, en consecuencia, no deberían renunciar a sus cargos para forzar la renovación que impide el Partido Popular.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha dado a conocer este sábado que ha denunciado al general y al coronel responsables del operativo de Barbate (Cádiz) en el que dos guardias fueron asesinados tras ser embestidos por una narcolancha, bajo el argumento de que podría haberse infringido la normativa de riesgos laborales. Un caso de interés para Ceuta.

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha anunciado este sábado que va a emprender una serie de acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso de su hijo, el cual contaría con la participación directa de su asesina pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) lleva cinco años y cinco meses con su mandato caducado, esta anomalía constitucional no ha impedido que el presidente y sus vocales hayan seguido con sus funciones y gastando parte del presupuesto de la institución en viajes y alojamientos. De hecho, la Unidad de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del CGPJ ha facturado 6.422.658 euros en desplazamientos en solo tres años, 2018, 2019 y 2022