El Parlamento Europeo votará mañana martes la propuesta para acabar con el cambio de horario estacional a partir de marzo de 2021. De estaforma, la fecha marcada sería clave para mantener el horario de verano o sumarse a no hacerlo. Aquellos Estados miembros que prefieran quedarse en el horario de invierno ya no tendrían que cambiar sus relojes hasta octubre de 2021. En el caso de España, "el 93% de los ciudadanos consultados por la Comisión Europea se ha mostrado a favor de mantener el horario de verano permanentemente", según señala

El Gobierno de Marruecos anunció hoy por sorpresa que no cambiará el horario, como estaba previsto el próximo fin de semana, y que conservará todo el año el "horario de verano" (GMT+1). A pesar de haber celebrado ayer un Consejo de Gobierno, hoy se convocó de forma extraordinaria otro con un único punto en el orden del día: el mantenimiento del horario de verano La justificación dada es que se trata así de "evitar los cambios operados en varias ocasiones durante el año y sus repercusiones a todos los niveles"

Jean-Claude Juncker ha asegurado que "los Estados deben decidir si quieren que sus ciudadanos vivan en el horario de verano o invierno".

La Comisión se ha comprometido a recabar las opiniones de la ciudadanía europea, las partes interesadas y los Estados miembros acerca de la posible modificación de las actuales disposiciones sobre la hora de verano. A raíz de una serie de peticiones de los ciudadanos, del Parlamento Europeo y de determinados Estados miembros de la UE, la Comisión ha decidido someter a estudio el funcionamiento de las actuales disposiciones sobre la hora de verano y determinar si deben modificarse o no. En este contexto, la Comisión desea recabar las opiniones

Será el próximo 8 de de febrero cuando la Eurocámara tenga que discutir la propuesta planteada por Finlandia para acabar con el cambio de horario de invierno a verano. El motivo no es otro que el escaso ahorro energético que se consigue y sin embargo provoca problemas de salud que afectan a toda la población de la Unión Europea.

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

Más de 360 empresas españolas han trasladado su producción a Marruecos, para escapar de las políticas (controles) de la Unión Europea, según informa Nador City, que cita un comunicado del Instituto Español de Exportaciones e Inversiones. Según este documento, aproximadamente el 10 por ciento de las empresas afectadas operan en el ámbito de la industria alimentaria, incluidas grandes entidades.

La Comisión Europea ha aprobado este viernes un régimen alemán de ayuda estatal valorado en 3.000 millones de euros para apoyar la construcción de la que será la columna vertebral de los gasoductos de transporte de larga distancia en Alemania y parte de la red europea del hidrógeno, que conectará varios Estados miembro.

La norma de restauración de la naturaleza exige tomar medidas para devolverlos a una buena condición y afecta a millones de hectáreas terrestres y marinas: "No somos conscientes de lo importante que es", calibran los ecólogos

Pocos días después de la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin, el banco austríaco Raiffeisen anunció que estaba considerando vender su negocio ruso. Al cabo de veintisiete meses, a la filial en Rusia de esa entidad de crédito no le va nada mal. La plantilla ha crecido hasta rozar los 10.000 empleados, lo que supone un aumento del 7% desde 2022. El año pasado, los beneficios alcanzaron los 1.800 millones de euros, más que cualquiera de las otras filiales del banco y el triple desde 2021.

España entre los los paises que menos confianza tienen en la Justicia de la UE. Las razones principales de esta desconfianza son la "interferencia" o "presión" por parte del Gobierno y los políticos. Otros factores: la presión de los intereses económicos y la percepción de que el estatus y la posición de los magistrados no garantizan suficientemente su independencia,

La Justicia debería tomar nota de que alguien busca la inmunidad para esquivarla.

Bruselas pone condiciones a PSOE y PP para retomar la mediación sobre el Consejo General del Poder Judicial: si quieren una nueva reunión, tienen que hacer antes los deberes y plantearle una propuesta concreta sobre la que discutir. Así lo explican fuentes de la Comisión Europea a raíz de las solicitudes que le han llegado, tanto de Génova como del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para reactivar las negociaciones. La exigencia del gobierno comunitario pretende que haya algún avance después de tres reuniones en las que apenas se produjeron.

La UE requiere un umbral mínimo de voto para entrar en la Eurocámara, pero España se resiste a aplicarlo.

Madrid registró en mayo un descenso histórico en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂), situándose por primera vez desde 2010, año en que comenzaron los registros de calidad del aire, en menos de 30 microgramos por metro cúbico (μg/m³) en todas sus 24 estaciones de medición. Este logro se produce en un contexto donde la normativa europea establece un límite anual de 40 μg/m³.

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el cuarto pago de fondos europeos para España. Más de un año después de haber desembolsado el anterior tramo, Bruselas da ahora el visto bueno preliminar a la espera de que el Consejo de la UE ratifique la decisión dentro de un mes. El pago ascenderá entonces a 9.842 millones. Son 158 millones menos de lo previsto inicialmente, porque España no ha cumplido totalmente con una de las inversiones comprometidas: la contratación de trabajadores que ayuden a las empresas en la transición digital

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha generado una oleada de preocupación y descontento en el colegio e instituto Ramiro de Maeztu tras su reciente decisión de abrir una Escuela Europea Acreditada (EEA) dentro de sus instalaciones. El proyecto, destinado principalmente a las familias de funcionarios europeos, se ha gestionado con una opacidad que ha dejado a la comunidad educativa en el limbo y a las familias en pie de guerra.