El presidente de la Unión Médica Profesional, Ignacio Guerrero, ha defendido en La Mañana de Andalucía que la solución al conflicto de Muface se resolvería pagando el estado directamente a los profesionales y hospitales privados sin intermediarios.

El Gobierno valenciano camufla en un decreto de medidas para los funcionarios en relación con la DANA una subida salaria.

Estados Unidos aplicará al sector público su propia "motosierra", parafraseando el término que hizo suyo el presidente Milei. En ese texto, firmado a medias con el también responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental Vivek Ramaswamy, Musk argumenta que los ceses voluntarios constituyen una vía muy factible para adelgazar a los departamentos estatales y federales. En concreto, basta con eliminar la opción del teletrabajo, según los autores del artículo, para crear una situación insoportable para miles de funcionarios.

Parece que el fin de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado tendrá que esperar. Después de que las aseguradoras rechazaran el convenio ofrecido por el Ejecutivo el pasado 5 de noviembre, el Gobierno ha pedido tranquilidad a los funcionarios asegurando que la mutualidad seguirá en vigor.

La Diputación de Valencia está haciendo de intermediaria a través de comisiones de servicios solidarias para que los funcionarios puedan trabajar ayudando de manera coordinada y según las necesidades de cada localidad. Intenta paliar así la falta de personal de la que se han quejado algunos ayuntamientos.

El objetivo es ganar margen de maniobra para poder abarcar la elevadísima demanda de gestiones administrativas que deben realizar estos días los miles de afectados por la dana. La dirección general de Función Pública ultima el decreto con el que podrá impulsar toda una serie de medidas que doten a la administración valenciana de una mayor flexibilidad para mover sus fichas por el tablero y atender los papeleos que genera la fase de recuperación de la emergencia a las personas afectadas.

El ministerio de Sanidad plantea incorporar a los funcionarios a la Sanidad Pública con la financiación que ahora va a las aseguradoras

Un informe del ministerio sobre el impacto de incorporar un millón de mutualistas al sistema público sostiene que es “evidente” que las compañías derivan a los pacientes menos rentables al SNS; Andalucía, Extremadura y Castilla y León, las más afectadas si no se renueva el concierto sanitario.

El ministerio a cargo de Mónica García ha diseñado un plan de transición ante el plantón de las empresas privadas al nuevo concierto, que ha quedado desierto. El objetivo es que se sume progresivamente a los funcionarios a la sanidad pública.

Dos de cada tres nuevos mutualistas rechazan los seguros médicos privados, que pierden así ingresos que les permitirían compensar la asistencia a la población más envejecida y con mayor gasto sanitario.

El exvicepresidente del Comité Permanente del Congreso Popular Provincial de Guangdong (China), Chen Jixing, fue condenado a muerte por el delito de tráfico de influencias y aceptar sobornos por más de 38 millones de dólares. Según el comunicado del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Guilin, el veredicto de primera instancia contra Chen es una pena de muerte con suspensión de la ejecución de la sentencia por dos años, en los que cumplirá una condena en prisión. Además, el acusado ha sido privado de sus derechos políticos de por vida...

La primera de las movilizaciones convocada por CSIF ha sido frente la sede de Hacienda: “Se está jugando con la salud de los funcionarios"

Las aseguradoras privadas no han presentado ofertas para el concierto de Muface para los años 2025 y 2026, que queda desierto, a la espera de que el Gobierno plantee una nueva licitación para garantizar la cobertura sanitaria y social de 1,5 millones de funcionarios y sus familias.

Un funcionario del grupo A1 del nivel 27 del ayto de Bilbao cobra de media 27.624 euros más al año, sin contar la antigüedad, que otro funcionario del mismo grupo y nivel que realice tareas similares para la Administración General del Estado. Esta enorme diferencia salarial es el caso más extremo, pero real, según recoge un exhaustivo estudio de retribuciones elaborado por el sindicato CSIF muestra cómo el más de medio millón empleados públicos de la AGE cobran de media 8.000€ menos ... www.csif.es/es/articulo/nacional/general/59789