El Congreso de los Diputados decidirá la próxima semana si se debe cambiar la legislación española sobre la prostitución, una realidad atravesada por la explotación sexual y la feminización de la pobreza y sobre la que no existen datos oficiales actualizados que permitan hacer una radiografía precisa de la situación. Modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio.

La propuesta de ley del PSOE "por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas" ha reactivado el debate acerca de la naturaleza de la prostitución y la mejor forma de abordarla. La propuesta modifica el Art. 187 del Código Penal, relativo al proxenetismo, en tres sentidos. Primero, desvinculándolo de la explotación. Es decir, pasaría a ser delito "promover, favorecer o facilitar, con ánimo de lucro, la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". Segundo, criminalizando la tercería locativa.

En un momento en el que el PSOE ha recuperado una proposición de ley para cambiar el Código Penal y provocar el desahucio de todas las prostitutas que ejercen el oficio en pisos de alquiler o locales, el libro de Andreia da Costa constituye un testimonio de valor para entender el mundo de la prostitución, y para abordar el debate de una cuestión delicada. De nuevo, la ley pretende terminar con una dedicación con la que nadie ha terminado. Y amenaza, en realidad, con llevar más dolor y sufrimiento a quienes buscan una salida a sus vidas.

Una gruesa acusación que devolvía a los diputados la imagen del 11-M y los atentados terroristas que el expresidente Aznar achacó a ETA en un primer momento hasta quedó probado que tras las bombas estuvo AlQaeda. Las palabras de Puente podrían imputar al entonces líder del PP un delito de inducción al terrorismo.

El Parlamento japonés aprobó este 16 de junio una reforma con la que por primera vez el Código Penal toma en consideración el consentimiento como clave para definir si se cometió una agresión sexual

Tal y como explica el Artículo 378.1 del Código Penal, se considera delito que la velocidad supere “en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana la permitida reglamentariamente”. Por lo tanto: - Pena de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. - Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre 1 y 4 años. RELACIONADA: www.meneame.net/story/baltar-pide-disculpas-atribuye-velocidad-215-km-

Un jurado declara culpable de homicidio a un sexagenario que mató al ladrón que entró en su casa. La fiscalía pedía 6 años de prisión y una acusación particular hasta 22 años. i el juez hace caso a la fiscal, Benito, un sexagenario sordo del oído izquierdo y tuerto, ingresará en prisión. La representante del ministerio público ha pedido para él dos años y medio de prisión (al principio solicitó 6) y a partir de dos años y un día, hay que entrar a cumplir sí o sí. La pena no se suspende.

Irene Montero: Hoy PSOE y PP se dan la mano para volver al Código Penal de la violencia y la intimidación. Es una mala noticia para las mujeres, que han conquistado el consentimiento en el centro como derecho. Ante las decisiones judiciales de rebajas de penas hay que dar una respuesta unitaria como Gobierno y desde la mayoría feminista del Congreso. Votar con el PP este retroceso en derechos de las mujeres solo agrava el problema

En el preámbulo de la reforma legal, el legislador explica los motivos por los que hace esa reforma, y habla de la necesidad de mejorar la protección de los animales, ya que se percibe "cierta impunidad" en este ámbito, con penas que no son proporcionales a la gravedad de los hechos. Al leerse esto, es inevitable pensarse que lo que va a hacer esa reforma es incrementar las penas por maltrato. "Pues no. Aquí está el trampantojo que nos han metido. De forma general, las penas se reducen".

Incluir el feminicidio en el Código Penal como un delito diferenciado del homicidio serviría para aumentar la concienciación social sobre la violencia machista, prevenirla y mejorar la respuesta institucional que se da a los asesinatos de mujeres. Sin embargo, los países europeos no lo recogen en sus leyes, algo en lo que América Latina lleva bastante ventaja.

Según una reciente investigación judicial, se ha destapado una práctica muy común entre las mafias especializadas en okupar viviendas. Se trata de solicitar al propietario una determinada cantidad de dinero si quiere recuperar el inmueble. Gracias a esta investigación, se ha conseguido saber que las mafias llegan a conseguir hasta 10.000 euros de bancos y fondos por desalojar las viviendas que habían okupado de forma ilegal.

En un debate muy bronco y tras los nervios por la decisión del Constitucional, el Ejecutivo saca adelante su reforma legal.

Sin aclarar cuáles, el líder del PP acusa a Sánchez de atacar al Estado de Derecho y de aplicar "el todo vale".

La reforma del Código Penal que acometió el Gobierno de Rajoy en 2015 y que contó con la oposición frontal de todos los grupos parlamentarios no sólo se centró en la reforma del delito de malversación, que ahora se quiere revertir, sino que afectó a 250 artículos y significó recortes de la libertad de expresión, de información y de manifestación que aún siguen vigentes.

Se espera que el Parlamento de Indonesia apruebe un nuevo código penal que castigaría las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La revisión legislativa también prohibirá insultar al presidente o a las instituciones y expresar opiniones contrarias a la ideología estatal. También se prohíbe cohabitar antes del matrimonio. El proyecto cuenta con el apoyo de algunos grupos islámicos en un país donde el conservadurismo aumenta. La penalización del aborto, con la excepción de las víctimas de violación, y la prisión por "magia negra", se mantienen

La CPI acusa a Putin de "deportación ilegal y traslado de población", mientras que a Netanyahu se le acusa de: - Hambre de civiles como método de guerra. - Causar intencionalmente grandes sufrimientos, daños graves a la integridad física o la salud, o tratos crueles como crimen de guerra. - Asesinato intencional o asesinato como crimen de guerra. - Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra. - El exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por hambre, como crimen contra la hum

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, entre otros. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas.

Khan dijo que la CPI también está buscando órdenes de arresto contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, así como contra otros dos altos líderes de Hamas: Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, líder de las Brigadas Al Qassem y mejor conocido como Mohammed Deif, e Ismail Haniyeh, líder político de Hamas.

Israel negó con contundencia el viernes las acusaciones de genocidio y dijo ante el máximo tribunal de Naciones Unidas que está haciendo todo lo posible para proteger a la población civil en su campaña militar en la Franja de Gaza.

La oficina del ministro de Asuntos Exteriores confirma la celebración de una reunión sobre cómo evitar posibles órdenes de detención contra dirigentes israelíes y oficiales de las FDI, una posibilidad que, según un reportaje televisivo, preocupa cada vez más a Israel. Según su Canal 12 de noticias, tres ministros y varios expertos jurídicos del Gobierno mantuvieron el martes un "debate de emergencia" en el Gabinete del Primer Ministro sobre cómo defenderse de las posibles órdenes de detención de la CPI.

Afirma en Telegram que la Justicia ha archivado todas las causas penales abiertas contra él, pero la trola no puede ser más gorda. En primer lugar no presenta un registro de penales o un certificado de antecedentes, sino un documento de la oficina de registro y reparto que te dan si lo solicitas donde se te informa de los procedimientos de los que eres parte.

Cuatro días después de su toma de posesión, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, dijo al letrado que llevaba el procedimiento que no hiciera nada hasta recibir nuevas instrucciones

Después de sufrir un ataque contra su plataforma de correo electrónico corporativo en enero, Microsoft ha confirmado que hackers rusos lograron acceder a repositorios de código fuente y sistemas internos. Los actores maliciosos, identificados como integrantes del grupo Nobelium, continúan tratando de vulnerar la infraestructura de la corporación, informaron los de Redmond.

En el argot legal se conocen como “querellas catalanas”. El origen de dicha denominación parece remontarse a la Edad Media, cuando en una controversia entre comerciantes catalanes y genoveses, estos últimos reclamaron contra los primeros en la jurisdicción civil y los comerciantes catalanes interpusieron como respuesta una querella, por la jurisdicción penal. Como se sabe, la vía penal tiene preferencia y manda sobre cualquier otra acción legal que se presente en otras vías jurisdiccionales. Desde entonces se conoce así a este tipo de recursos

El Gobierno valenciano ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Valencia la posible comisión de un delito penal por parte de la directora del IVAM, Nuria Enguita, al haber conocido que pudo haber realizado una donación "pura" o retributiva en favor de uno de los miembros del tribunal que la nombró en 2020.