La reforma del Código Penal que acometió el Gobierno de Rajoy en 2015 y que contó con la oposición frontal de todos los grupos parlamentarios no sólo se centró en la reforma del delito de malversación, que ahora se quiere revertir, sino que afectó a 250 artículos y significó recortes de la libertad de expresión, de información y de manifestación que aún siguen vigentes.
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