El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto este jueves en duda el informe redactado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y que exonera a la esposa de Pedro Sánchez de los delitos que le atribuye el juez Peinado. “Aquél informe de la UCO no era tal, estaba recortado y fue una filtración no sabemos de quién”, ha dicho.

El denunciado por prevaricación e investigado por la Fiscalía Europea Javier Ureña, contestó a las preguntas de Mercedes González sobre el contrato de 2.6 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol reclamó y que los populares de Marga Prohens dejaron caducar. El chaval "no sabía lo que firmaba", no distingue entre plazos de 3 u 8 meses, no se entera de lo que sentencia la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo...un auténtico pepero pura cepa.

Fue la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que advirtió al titular del Juzgado número 41 de Madrid -- a cargo de las diligencias contra Begoña Gómez-- de que se había producido una filtración importante. La causa permanecía secreta, así que el acceso a los archivos era restringido al Ministerio del Interior, el propio juez Juan Carlos Peinado y el fiscal del caso.

El Ayuntamiento de Madrid, a cargo de José Luis Martínez-Almeida, contrató en más de una ocasión a las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los señalados por el Partido Popular en el caso judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Para ser más exactos, el montante de estas adjudicaciones asciende a cerca de 2,5 millones de euros, sin IVA.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha efectuado esta mañana un registro de aproximadamente tres horas en la sede de Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la investigación por el caso Begoña Gómez. Los agentes han intentado recabar información sobre posibles expedientes otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés. Tiene que ver esta operación de la UCO con la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil aseguran que el exasesor Koldo García Izaguirre mantenía informado a José Luis Ábalos de "los pormenores" de las actividades de la empresa de la trama Soluciones de Gestión SL, según especifica un informe dirigido al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Además, el dosier policial pone de manifiesto que la toma de decisiones relativas a la contratación de las mascarillas fue llevada "a cabo por elevados niveles de decisión dentro del Ministerio de Transportes".

Juan Carlos Peinado había ampliado el secreto de las actuaciones, a pesar de que la Guardia Civil había entregado un informe en el que señalaba que no hallaba indicios de delito contra la mujer del Presidente del Gobierno.

En la querella de Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas, se acusaba a Gómez de haber influenciado en el rescate de Aire Europa durante unas reuniones con altos cargos de Globalia. La UCO es contundente en este aspecto. En el informe se recoge que de las dos reuniones sobre las que el pseudo sindicato ultra pone la lupa “no se tiene constancia” de que pudieran “estar vinculadas a la decisión ministerial del rescate”. El “único elemento”, insiste la Guardia Civil, que podría vincular a Gómez con Globalia es que coincidió con Javier

El abogado de Eduardo Zaplana, el fiscal en excedencia Daniel Campos, considera que el caso Erial ha sido "un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial mantenida hasta hoy. No se ha buscado la verdad. Sólo apuntalar la versión que la Guardia Civil daba desde noviembre de 2015", cuando se inició la causa que se juzga desde el 21 de marzo en la sección cuarta de la Audiencia provincial de València. Y que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar

Las escuchas del caso Koldo desvelan un nuevo supuesto amaño que salpica al actual presidente de Adif, Ángel Contreras. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una nueva conversación telefónica de Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en la que se apunta a una posible maniobra para adjudicar un contrato de emergencia a una mercantil vinculada a la trama.

El expresidente de la RFEF aterrizó a las 11:00 de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid procedente de República Dominicana.

La UCO ha registrado el alojamiento en el que se encuentra Luis Rubiales en República Dominicana cumpliendo con el mandato de la juez que investiga la gestión del expresidente de la Federación Española de Fútbol al frente del ente federativo. Según ha sabido la Cadena SER, el registro se produjo este lunes, después de que la juez, Delia Rodrigo, ordenara hace casi dos semanas averiguar el paradero de Rubiales que estaba fuera de España cuando estalló la operación.

Según ha podido confirmar Relevo, la Guardia Civil sospecha que República Dominicana podría ser uno de los lugares que Rubiales estaría utilizando a través de varios negocios hoteleros y por su conexión con países con paraíso fiscal para el blanqueo las comisiones de los contratos que se firmaron con Arabia Saudí por la Supercopa de España.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este miércoles el estadio La Cartuja de Sevilla dentro de la operación que llevan a cabo por los contratos supuestamente fraudulentos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cuando estaba presidida por Luis Rubiales, han indicado a EFE fuentes próximas al caso. La Federación firmó un acuerdo por cinco años para jugar la final de la Copa del Rey de fútbol desde 2020 hasta 2024 en ese estadio. Este año se juega el 6 de abril entre el Athletic Club de Bilbao y

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando la Real Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años y ha practicado algunas detenciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado ingresos en efectivo, por más de 300.000 euros en las cuentas personal y profesional del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, la ya fallecida Rita Barberá. El informe, remitido al titular del juzgado que instruye el caso Azud, mantiene que Corbín cobraba comisiones de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia a través de dos fórmulas: una, la contratación de su despacho y otra, con ingresos en efectivo en sus cuentas.

Nuevas informaciones sobre la trama Koldo sobre la venta de mascarillas investigada por la Audiencia Nacional relacionan al Gobierno canario con "irregularidades en la contratación pública de empresas suministradoras de material sanitario". La UCO apunta que el Ejecutivo del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, modificó los contratos de la trama Koldo "para dar cobertura justificativa" a la compra de las mascarillas de la trama investigada.

A la Fiscalía y a la UCO les llamó la atención el abultado incremento patrimonial que la mano derecha del ex ministro Ábalos tuvo durante la pandemia. Anticorrupción, que ha llevado el peso de la investigación con absoluto sigilo en los últimos dos años, puso el foco en los distintos contratos adquiridos por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L en los peores momentos de la pandemia del Covid-19. Su negocio pasó de 0 € en 2019 a 53,13 millones de € en 2020. El pasado martes se practicaron 26 registros y 20 detenciones.

Chivatazos anónimos, soplos con nombres y apellidos, borrado masivo de archivos delicados y un testigo protegido clave que desbarató sacó a la luz la presunta operativa de financiación ilegal del PP de València durante el mandato de la fallecida alcaldesa popular Rita Barberá. La primera sesión del juicio por la pieza separada A del 'caso Taula', relativa a la presunta financiación en B del PP de Rita Barberá durante las campañas electorales de 2007 y 2011, arrancó este martes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

Operativa de la Guardia Civil han ratificado ante la sección segunda de la Audiencia de València la existencia de una caja B del PP del Ayuntamiento de València en 2007 y 2011. "El PP declaró un gasto de 150.000 euros en la campaña electoral ante el Tribunal de Cuentas, pero gastó realmente entre uno y dos millones de euros"