El juez Joaquín Aguirre, que investiga los casos Volhov y Negreira, ha rechazado la escolta de los Mossos d'Esquadra y ha pedido expresamente que se encargue la Policía Nacional o la Guardia Civil, después de recibir un falso paquete explosivo. Explica que no le parece adecuado que le proteja la policía que depende de la Generalitat cuando está investigando la injerencia rusa en el procés, en la que podrían haber participado personas relacionadas con esta administración

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,recibió un paquete bomba simulado, que fue detectado por los servicios de seguridad del juzgado. El envío de este paquete, que contenía un temporizador electrónico que acompañaba una bolsa que simulaba la carga explosiva, ha causado preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado consultadas, ya que lo interpretan como "una clara amenaza" o intento de amedrentar a un juez.

El juez Aguirre explica que realiza esta petición a la Audiencia Nacional por lo que “se desprende” de informaciones periodísticas. La providencia del juez ha causado sorpresa y desconcierto a fuentes jurídicas, toda vez que es en el sumario que instruye el juez Aguirre donde hasta ahora hay más datos sobre la presencia de diplomáticos y ciudadanos rusos en las fechas más candentes del procés en 2017, y como intentaron (y consiguieron) llegar hasta las dependencias de la Generalitat que dirigía Carles Puigdemont y reunirse con algunos exaltos c

Perdido. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha ordenado la "regeneración" de la resolución que dictó y en la cual daba por cerrada la investigación al director la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, y a dos agentes de los Mossos d'Esquadra, porque el juzgado la ha perdido. Alay y los dos policías fueron encausados por haberles pedido que miraran en el sistema policial si estaba incluida su búsqueda y detención en 2020.

El juez Joaquín Aguirre hablando en la televisión alemana ARD1 de las conexiones de Putin en el procés. Un juez instructor que habla de su propia instrucción y de una investigación aún no finalizada, mostrando claramente sus intenciones y prejuicios, debe ser recusado de inmediato

La Real Federación Española de Fútbol habría denunciado a Aguirre ante el CGPJ. Según Cope, los servicios jurídicos de la Federación piden que "dé nombres o se retracte".Pero, en ningún momento, confirma nada al respecto de esta posible o supuesta corrupción arbitral. como refleja en otro momento del escrito donde habla de “deducción lógica, y los cuales pueden convertirse más adelante en hechos constatados o no

La Audiencia Provincial ha reabierto el caso de la venta del Goya del marido de Esperanza Aguirre y ha ordenado tramitar la recusación contra la jueza de Madrid que archivó la causa. El caso se centraba en la supuesta simulación de la herencia de ese cuadro y en el dinero que pudo haber defraudado a Hacienda con la venta del Goya por cinco millones de euros al empresario Juan Miguel Villar Mir.

"El juez de instrucción desarrolló a lo largo de la investigación, en términos utilizados por el propio fiscal, un profundo prejuicio que le llevó a sostener su teoría y a enriquecerla a base de decidir sin límite nuevas diligencias a medida que las que practicaban no le ofrecían el resultado apetecido", censura el informe de Mossos sobre el juez que a día de hoy investiga el caso Voloh.

La Fiscalía ha presentado un recurso por no imputar a Esperanza Aguirre por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la reducción de camas de un hospital privatizado de Madrid.

El extesorero del PP pidió hablar también en la pieza de la caja 'B' del PP madrileño tras ofrecerse en la causa de sus papeles y en el caso Villarejo.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre defendió en su declaración ante el juez instructor del caso Púnica que nunca se dedicó a labores de “gestión” o “administración” de las cuentas del PP madrileño y que sus funciones en el partido eran meramente “políticas”. De las cuentas, explicó, se ocupaba el que fuera gerente Beltrán

Fuentes jurídicas la califican como "decepcionante" y avisan de que la imputación no podrá sostenerse mucho tiempo si no hay indicios concluyentes

Altos cargos admiten que recibieron órdenes e instrucciones sobre las empresas con las que debían contratar publicidad. La investigación ha desvelado que parte del dinero de estos contratos sirvieron luego para nutrir la caja b del partido. Todas las adjudicaciones eran controladas directamente por Isabel Gallego, directora general de Medios. Gallego era colaboradora directa de Esperanza Aguirre. Holemans afirmó que realizó servicios electorales para el PP madrileño y que estos se facturaron durante ocho meses,si bien el periodo electoral..

El auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imputa hasta a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid e investiga, entre otros, presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación, dibuja un "plan preconcebido" por el que a golpe de licitaciones 'a dedo' en contratos de imagen y publicidad, sobrecostes en contratos públicos y facturas falsas...

El juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, resolverá a final de agosto sobre las más de treinta imputaciones, encabezadas por las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, los exconsejeros de Sanidad Juan José Güemes y Manuel Lamela, y el ex presidente de la empresa Indra, Javier Monzón.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no tiene previsto resolver de forma inmediata sobre la citación en condición de investigadas de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes para declarar sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño, tal como ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó el jueves una invitación para reunirse con senadores demócratas para hablar sobre la ética de la corte y la polémica sobre las banderas que ondeaban frente a viviendas del juez Samuel Alito.

La querella se dirige contra: 1) D. Juan Carlos Peinado García, Magistrado del Juzgado de Instrucción n.o 41 de Madrid. 2) D. Luis Salas Fernandez, Jefe de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Impecable Xavier Vidal-Folch: "No hay caso Begoña Gómez. No lo hay porque ni la fiscalía, ni la Guardia Civil, ni los directores de los medios que la embadurnaron con bulos o sospechas han encontrado indicios de delito ninguno cometido por la esposa del presidente del Gobierno"

Un juez federal ha dado el visto bueno al acuerdo de demanda colectiva de 600 millones de dólares por el desastroso descarrilamiento del año pasado de Norfolk Southern en el este de Ohio, pero muchas personas que viven cerca de East Palestine aún se preguntan cuánto obtendrán del acuerdo.

John Sabal, fundador del grupo de eventos conservador con sede en Texas The Patriot Voice, alegó que la Liga Antidifamación lo coneció falsamente a él y a su negocio con el movimiento de teoría de la conspiración de extrema derecha QAnon en varias publicaciones y afirmó que era "un antisemita y un extremista".

Patricia Peinado, concejal del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón e hija del juez Juan Carlos Peinado ha sufrido un acoso en redes sociales y medios de izquierda en relación a las investigaciones que su padre conduce sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Se graduó en Derecho en 2019, aprobó la oposición en solo 2 años, y desde febrero de 2024 es la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo (Valladolid).

Con la decisión se impide que la norma entre en vigor mientras se litiga el caso. El 1 de mayo, el fiscal general Paxton encabezó una coalición que demandó a la ATF para evitar la nueva restricción regulatoria, que requeriría que se obtengan licencias y se realicen verificaciones de antecedentes cuando se vendan armas de fuego en ferias e internet. "La regla fue arbitraria y caprichosa y violó flagrantemente la Segunda Enmienda. A pesar de que el Congreso había reconocido la legalidad de las ventas privadas de armas de fuego”

Ni en España se permite la emigración ilegal y la okupación, ni es cierto el mito franquista de que emigrábamos todos con un contrato de trabajo, ni el Gobierno quiere prohibir la sanidad privada