El ex comisario José Manuel Villarejo ha revelado que cuando espiaba a Sandro Rosell en el marco de la Operación Catalunya descubrió una presunta trama que involucabra al Real Madrid con los árbitros, lo que él pasó a denominar Caso Árbitros, unos hechos que trasladó al Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy. Según Villarejo, el caso fue archivado por ser el Real Madrid el club implicado en el asunto.

La causa que juzga a Raúl Díaz, acusado de asesinar y descuartizar a su mujer durante la Nochevieja de 2018, se desarrolla desde este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras varios años de investigación, la Justicia entiende que la Iglesia no tiene responsabilidad sobre la posible estafa del del 'caso Fundaciones', que salió a la luz tras la venta de 14 bloques de pisos donde vivían 200 familias, y señala que hubo una trama para hacer negocio a costa de entidades religiosas.

La Audiencia Provincial de València ha absuelto al alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y al resto de acusados por el Caso Alquería según acaba de notificar a las partes. La sección primera de la Audiencia Provincial de València ha absuelto de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental a todos los acusados por el Caso Alquería.

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha activado el protocolo por fiebre hemorrágica ante un posible caso de la enfermedad del virus de Marburgo —similar al ébola— en una paciente ingresada en el hospital santanderino de Valdecilla y que había regresado recientemente de Guinea Ecuatorial.

Cinco de los 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma de Mallorca juzgados por constituir una mafia policial al servicio del magnate Cursach y que finalmente fueron exonerados con el apoyo de la Fiscalía reclaman más de dos millones en indemnizaciones. La prueba de cargo en la que se escudan podría ser anulada. El día 5 de junio comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears el juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cinco agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha autorizado al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana a abrir una cuenta bancaria. Zaplana, como sucede con los principales procesados en el caso Erial, tienen todas las cuentas bloqueadas desde 2018, cuando estalló el caso Erial. Una efemérides de la que se cumplen cinco años el próximo lunes.

El teniente coronel de la Guardia Civil investigado en el caso Cuarteles, Carlos Alonso Rodríguez, apuntó a uno de sus subordinados como el responsable de contratar con las empresas que realizaron las obras en la Comandancia de Ávila investigadas. En su declaración, a la que ha tenido acceso El Independiente, Alonso dijo que sus labores como jefe de la Comandancia en materia de gasto se ceñían a «directivas de coordinación, planificación e impulso».

La fiscalía reclama para los seis procesados más de 500 años de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial cometidos durante el tiempo que estuvieron al cargo de una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años en las islas. La fiscalía los acusa de cometer hasta 27 presuntas filtraciones de datos a medios de comunicación, que publicaron después la información en forma de noticia.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa, quien permanecía hasta ahora en prisión por el conocido como 'caso Mediador', al entender que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de alteración o de destrucción de pruebas.

Alfonso Arriola, exdirigente del PNV condenado a cuatro años de inhabilitación, no ha perdido su trabajo en el Gobierno vasco y seguirá cobrando casi 80.000 euros brutos al año. El Ejecutivo de Urkullu interpreta, según publica El Correo, que debe mantener a Arriola en su puesto de funcionario porque la sentencia del Supremo solo le inhabilita para trabajar en empresas públicas, pero no en la Administración.

La Guardia Civil tiene desde hace casi dos meses a un mando al frente de la Comandancia de Tenerife que sale señalado en el caso Cuarteles, si bien no está siendo investigado en la causa donde se indaga en una serie de obras adjudicadas presuntamente de forma irregular al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León (alias «Mon»).

Un niño de cuatro años ha fallecido en la localidad de Cifuentes, en la provincia de Guadalajara, y la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil está investigando el suceso. Fuentes del Instituto Armado han confirmado que no hay ningún detenido por estos hechos.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años de prisión impuesta en 2020 por la Audiencia Provincial de Oviedo al exdirector general de la Fundación Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario. H rebajado de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena que le había sido impuesta al tercer condenado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación falsedad y estafa.

La Agencia Tributaria ha anulado una sanción por importe de 500.000 euros a la actriz Ana Duato. Hacienda admite en una carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que había emitido por error hace un mes una reclamación dirigida a la protagonista de la serie. La reclamación de Hacienda, había sorprendido a la afectada. En 2016 ya abonó la cantidad que Hacienda le reclamaba ahora por esos mismos ejercicios fiscales.

Ha recibido 14.650 euros en concepto de "locomoción" pese a contar con coche oficial. Los populares aseguran que se trata de un "error administrativo". El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez en Twitter: "No cabe el error administrativo, para cobrar la dieta debe rellenar cada semana una solicitud individual. O se ha equivocado 200 veces y no sabe lo que firma --un peligro como presidente-- o es un mentiroso. Es inmoral cobrar un solo euro de sobresueldo teniendo coche oficial"

La investigación del 'caso Mediador' o 'caso Tito Berni' incluye las obras de las reformas de las fachadas de los cuarteles de la Guardia Civil en Ortigueira y Sigüeiro. Así se desprende de tres interrogatorios del Servicio de Asuntos Internos al Coronel de la Guardia Civil responsable de la Comandancia de A Coruña y a dos de sus subordinados por entonces, a los que ha tenido acceso Galiciapress.

La Fiscalía Europea ha reclamado la investigación de esta parte del caso al estar el proyecto financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que era máximo responsable el exgeneral. Con este traspaso de competencias, el organismo comunitario pasa a ser también la autoridad competente para resolver sobre su situación personal, esto es, para decidir si mantiene o no al general en la actual situación de prisión preventiva.

Horas antes de la comparecencia de Joan Laporta para dar su versión sobre el "caso Negreira", El Mundo ha publicado que la auditora KPMG advirtió al Fútbol Club Barcelona en otoño de 2010 de que Joan Laporta aumentó considerablemente los pagos a Enríquez Negreira. Se apunta que los abonos a una de las sociedades del número dos de los árbitros, Nilsad, había experimentado un notable aumento. Se informa que la facturación de esta sociedad creció un 101,9% en una temporada.

Tanto Podemos como Más Madrid, personadas como acuación popular en el caso mascarillas -por el pelotazo de casi seis millones de euros logrado por los empresarios Luis Medina y Antonio Luceño al vender al Ayuntamiento de Madrid material sanitario en plena pandemia- rechazan que deba darse por concluida la instrucción sin despejar las dudas sobre una posible responsabilidad de cargos municipales.

La magistrada Ana López-Suevos se ha hecho cargo de la denuncia presentada por el Partido Popular de Santiago contra el alcalde y seis concejales de su gobierno por presuntas irregularidades en el contrato de alquiler de una nave en el polígono de A Costa Vella a la empresa Desproi, vinculada al exedil de Medio Rural, José Manuel Pichel, quien dimitió tras conocerse los hechos.

Es, por lo menos, curioso, que teniendo conocimiento de esta situación desde diciembre de 2022, desde el Partido Popular de Santiago esperaran hasta enero de este año para hacer pública la información y otros tres meses en realizar la denuncia", relata el PSOE santiagués en un comunicado. Por el contrario, apunta, Borja Verea (candidato del PP a la Alcaldía de la capital gallega) "prefirió hacerlo embarrando el juego político y siguiendo la misma estrategia que sus predecesores".