La Fiscalía Europea ha reclamado la investigación de esta parte del caso al estar el proyecto financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que era máximo responsable el exgeneral. Con este traspaso de competencias, el organismo comunitario pasa a ser también la autoridad competente para resolver sobre su situación personal, esto es, para decidir si mantiene o no al general en la actual situación de prisión preventiva.
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