..."Si no, serán cómplices de un golpe". La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha pedido este martes a los magistrados del Tribunal Constitucional que "rompan sus cadenas" y se liberen del "secuestro" al que cree que los tienen sometidos los partidos políticos. En caso contrario, ha avisado de que serán "juzgados por la historia" como "cómplices" de un golpe institucional.

La Fiscalía incorpora al caso Reparos un contrato con la empresa pública de transportes TITSA ampliado nueve años por encima de los cuatro del contrato, que no admitía prórrogas

El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, Javier Naart, afirmó que el país debe respetar unos “niveles mínimos” de institucionalidad para continuar formando parte del acuerdo de asociación entre la UE y los países centroamericanos, cosa que actualmente no sucede

"El Supremo ha perdido la oportunidad de dar la última palabra en este tema; al final Luxemburgo resolverá la cuestión y probablemente desautorizará a nuestro Supremo, como ya ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo", ha añadido el abogado.

del debate de la reciente moción de censura ha salido además el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que va a "detener el reloj" de la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la espera de negociarlo con el PP.

La Sección Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias ha informado a la Fiscalía Provincial de Almería las actuaciones desarrolladas en el desempeño de sus funciones por el Director de la prisión de El Acebuche contra un funcionario de la citada prisión por si fueran constitutivas de varios delitos de prevaricación administrativa, de acoso laboral y de retención indebida de retribuciones.

Para advertir a Jueces a los que se les proponga la ratificación de la Orden de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma.

La Unión Europea obliga a publicitar las obras que financia o subvenciona con vallas cuyo tamaño depende del coste de la inversión. El objetivo de visibilizar sus actuaciones carece de sentido cuando se emplazan, como sucede con la mayoría de las más de cien que hay salpicadas por la montaña entre Pedralba y Ourense, en lugares inaccesibles o sin población que nunca tendrán espectadores. Decenas de miles de euros dedicados a predicar en áreas totalmente vacías.

Ayuso ha puesto en valor lo que ha llamado “un gran plan” para “hacer de los colegios un lugar seguro. No mandamos a los alumnos a una zona de riesgo sino a un lugar seguro. Hemos bajado la ratio de alumnos por clase, vamos a hacer test constantemente, estamos utilizando nuevos espacios para evitar aglomeraciones”.

Si el PP ha subvencionado gastos de encuestas como afirma Lanuza, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda, entonces estaríamos ante un delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no puede validar la subvención de esos gastos. En las instrucciones que facilitan a los partidos políticos “Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pone en marcha la licitación de un contrato de 14,5 millones de euros destinado a la compra de espacios en medios de comunicación para la difusión de campañas de publicidad institucional.

En 2019, la Junta de Castilla y León invirtió un total de 12.644.586,6 euros en publicidad y campañas institucionales en medios de comunicación, frente a los 11.467.009 de 2018. Según los datos hechos públicos este sábado en el Portal de Transparencia de la Comunidad, el grueso fue a parar a los medios de comunicación impresos, 7,8 millones de euros, seguido los medios exclusivamente digitales, que recibieron 2 millones de euros, y de las radios, con 1,6 millones de euros en radio.

Resumen de la visita de los Reyes a Cataluña.

El Ayuntamiento de Madrid trabaja en un programa innovador de carácter integral para familias LGTBI para apoyar "que algún miembro quiera 'salir del armario' para visibilizar su realidad o los procesos para tener hijos, ha indicado este lunes el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, en el acto institucional por el Orgullo, sin la presencia de Vox.

Irena Bihariová (Trnava, Eslovaquia, 1980) fue elegida el pasado 6 de junio como presidenta del partido Eslovaquia Progresista (Progressivne Slovensko). Abogada, mujer y romaní, llega al puesto tras una comprometida trayectoria en el activismo antirracista en su país.

Buena noticia: el amplísimo bloque de apoyo incluye a las fuerzas política comprometidas con la Constitución y excluye las desafectas al vigente orden institucional.

Ante esa crisis, en todo caso, sí hay forma aproximada de analizar cuánto apoyo institucional tiene la Corona para afrontarla. Basta con el dato de que más de 70 diputados, algo más del 20% del Congreso, han firmado peticiones para que el Parlamento investigue la actuación del anterior Rey y, por tanto, están dispuestos a exigir responsabilidades a la persona que ha encarnado la institución durante 39 años.

.-El delito de prevaricación administrativa implica dictar una resolución abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, a sabiendas. Para que haya reproche penal, no basta que haya una decisión desacertada, que siempre puede recurrirse. .-La jurisprudencia exige que la resolución sea rotundamente contraria a derecho y no pueda admitirse desde ninguna interpretación razonable. Si cada sentencia o resolución administrativa revocada fuera prevaricadora, casi todos los jueces y cargos públicos serían inhabilitados.

Los tres senadores de Vox han sido los únicos de toda la Cámara Alta que han rechazado la aprobación de una declaración institucional contra el racismo, veto que ha impedido que salga adelante y que ha reabierto el debate sobre los requisitos para suscribir este tipo de pronunciamientos desde el Senado. Tal y como está previsto, el veto de Vox, con tres senadores integrados en el grupo Mixto, ha impedido que la Junta de Portavoces del Senado diera este martes el visto bueno a la declaración promovida por el grupo de la Izquierda Confederal, inc