Si el PP ha subvencionado gastos de encuestas como afirma Lanuza, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda, entonces estaríamos ante un delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no puede validar la subvención de esos gastos. En las instrucciones que facilitan a los partidos políticos “Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG”
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