El pleno del Congreso retoma este jueves la reforma prometida y pendiente desde hace casi tres años de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, con el debate y votación de la única enmienda a la totalidad presentada por el PP al texto que propone el PNV, respaldado por la mayoría. En su enmienda a la totalidad, el PP solicita que la norma no sufra cambios y que el Gobierno informe cada seis meses del empleo de una ley que considera más vigente y útil que nunca.

Asistentes a las concentraciones que se llevaron a cabo en mayo en defensa del sistema público de salud han empezado a recibir sanciones por la Ley Mordaza. Critican que la policía no identificó a ningún manifestante en contra del gobierno pese a saltarse normas de seguridad como la distancia mínima.

No hay nada más efectivo para crispar y agitar al pueblo francés que atacar a la esencia de sus valores, a lo que algún día fue lo más elemental de su personalidad: los derechos fundamentales. Y eso hace la nueva Ley de Seguridad Global de Emmanuel Macron en su enésimo despropósito. La ley, aprobada mayoritariamente por la Asamblea Nacional en su primera lectura (308 votos a favor, 66 abstenciones y 104 votos en contra) no es más que la versión francesa de nuestra Ley Mordaza..

Un médico en Wuhan contó que las autoridades sanitarias le dijeron que sería castigado por la ley si revelaba su experiencia, y si se le acusaba de espionaje, se le podría imponer la pena de muerte. Las instituciones académicas de la ciudad intentaron mantener registros del virus y el tratamiento de la infección, pero las autoridades obligaron a cancelar el plan", asegura Kyodo según sus fuentes cercanas a organizaciones médicas y autoridades en Wuhan

El juez “deja patente su criterio respecto a que no podía aplicarse la Ley de Seguridad Ciudadana y que no se produce desobediencia

Si algo ha demostrado desde su entrada en vigor hace cinco años la ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, es su capacidad recaudatoria. El texto que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 permite a los agentes sancionar por infracciones que no llegan a calificarse de delitos

El PP, que se sumó a principios de 2019 a buena parte de los acuerdos para modificar la norma, cambia de criterio y le declara la guerra a la reforma.

Entrevista con el joven antifascista vallecano, que abandonó la prisión el mes de abril del pasado 2019. Alfon fue condenado a cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos durante la huelga general de 2012

En los últimos meses, con la pandemia, el estado de alarma y las medidas del confinamiento, la “ley mordaza” ha sido la base para aplicar más de un millón multas y sanciones. Un incremento del 42% sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio tras la promulgación de la ley en 2015 por el Gobierno del PP.

Más de 170 organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales piden al Gobierno de coalición que cumpla su promesa y derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, utilizada en el estado de alarma para imponer propuestas de sanción a un millón de personas.

La propuesta del magistrado Fernando Valdés de modular algunos artículos de esa ley, incluida la limitación de las expulsiones en caliente a entradas violentas y masivas, genera un "debate intenso" y no convence ni a conservadores ni a progresistas

El Gobierno Vasco ha sido condenado al pago de las costas en un procedimiento contra una de las seis personas de Stop Desahucios que fueron sancionadas por tratar de impedir el desalojo de una mujer y sus dos hijos en una vivienda de alquiler social del barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz. Stop Desahucios considera que esta sentencia es un "jaque mate a la 'Ley Mordaza'" y se pone así "punto y final" a aquella "represalia" del Gobierno Vasco, que hizo una "denuncia falsa", impuso una "sanción desproporcionada" y actuó "como juez y parte".

"con lo cual ahora que tenemos la posibilidad de ser influyentes, presionaremos para que todo eso que se enuncia formalmente se traslade a la realidad. Presionaremos con todos aquellos temas que afecten a gran parte de la ciudadanía y a las clases populares. Por ejemplo, la precariedad laboral y social, el incierto futuro de la juventud o los derechos y libertades que se han perdido con las reformas laborales y otras leyes como la Ley Mordaza", afirmaba entonces.

Los abogados consultados por El Salto consideran que la interpretación laxa de la desobediencia por parte del ministro del Interior no será suficiente para que los jueces puedan sancionar razonadamente las propuestas de multa. Pero, en cualquier caso, el trabajo de amedrentar y controlar a la población ya está hecho.

La Coordinadora Rodea el Congreso, también conocida como 25-S, que agrupa a diferentes colectivos de izquierda y extrema izquierda, y que se creó para organizar las concentraciones para rodear el Congreso en 2012, está preparando protestas contra el Ejecutivo. Las nuevas "acciones" llegan después de que la Delegación del Gobierno en Madrid les haya prohibido celebrar ya dos concentraciones para denunciar el malestar social y también la "brutalidad policial" de la que culpan al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la Ley de...

El descontento no es cosa solo de la derecha. Colectivos de izquierda han comenzado a movilizarse para denunciar el abuso del estado de alarma y el empleo de las leyes en las que se sustenta a nivel sancionador, entre ellas la conocida como ley mordaza. El Ejecutivo pasó de anunciar su derogación a sustentar las multas en la norma y su empleo es uno de los puntales del malestar. También la "permisividad" con la que se procede contra manifestaciones como las de la milla de oro y otros puntos de Madrid y que estos grupos consideran excesiva.

El Ministerio del Interior informa de más de 740.000 sanciones desde que se decretó el estado de alarma.

Unos juristas creen que las sanciones son ilegales al no fijarse en el decreto y otros las justifican pero advierten del colapso para su tramitación. [] Incluso la Abogacía del Estado ha puesto en entredicho, en un informe publicado hace unos días, la legalidad de estas decisiones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se apoya en la rebautizada como ley mordaza de 2015. Los profesionales del derecho cuestionan la aplicación de un precepto legal sobre el que pivota todo el debate: la desobediencia.

Fernando Grande-Marlaska podría incurrir en un delito en relación a las sanciones que se están interponiendo en el estado de alarma.

A esta señora [la directora de la Agencia del Medicamento] le requirieron el salvoconducto y no lo traía (...). El salvoconducto no es obligatorio, lo que tienes que hacer es que estás realizando un trabajo y que te desplazas a tu domicilio (...). No tiene ningún sentido que la sancionen y mucho menos que vayan contándoselo a la prensa para que al día siguiente se la machaque en la plaza pública(...). Al final van a pagar las sanciones los más pobres (...) porque la gente que no tiene ni abogado, ni formación ni ganas de pelear paga la sanción.

Se interpreta la Ley de Seguridad Ciudadana y establece cómo se deben abordar determinadas infracciones. Se indica que no se podrá multa por si no hay violencia implícita. Ha pasado un año y medio, una crisis sanitaria y un estado de alarma. El mismo departamento, dirigido por la misma persona, interpreta la misma ley de forma totalmente opuesta. Determina ahora que para multar por desobediencia no es necesaria ya una actitud de resistencia violenta.

De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, también se han practicado en este tiempo 5.568 detenciones en toda España.

Las decenas de miles de víctimas mortales civiles, los millones de desplazados y los enormes daños a la infraestructura civil de Gaza han llevado al Departamento de Estado de Estados Unidos a entregar al Congreso un informe muy crítico con el uso que Israel ha hecho de las armas facilitadas por Washington. Pese a ello, en ese juego de equilibrios permanente que intenta mantener Joe Biden sin mucho éxito, el informe evita decir abiertamente que el Gobierno de Benjamín Netanyahu haya violado las leyes internacionales en la guerra de

El Partido Nacionalista Vasco aprieta al Gobierno para que haga cambios importantes en el marco laboral español. Ha introducido dos enmiendas en el Congreso que, de aprobarse, harían que los convenios provinciales y autonómicos tengan prioridad sobre los estatales en materias tan relevantes como el salario, la distribución de la jornada, las vacaciones o el horario. Con la medida planteada por los nacionalistas vascos los pactos autonómicos pueden incluso empeorar las condiciones laborales marcadas por los acuerdos sectoriales nacionales.

Los interesados alegaban prescripción, pero el Concello no lo ve acreditado.

“No hay lugar para el blanqueamiento del franquismo en España”. Así de tajante se muestra el PSOE, que ha pedido la retirada de las ‘leyes de concordia’ impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla-León y la Comunidad Valenciana tras el informe de la ONU conocido hoy.

La Comunidad de Madrid está preparando una reforma de la ley autonómica del IRPF para que los extranjeros y expatriados que se muden a Madrid puedan deducirse la parte regional del impuesto. Si la medida sale adelante con el texto actual, permitiría deducirse el 20% de las inversiones que realicen en compra de acciones, fondos y otros productos de inversión durante el primer año de residencia.

La ley de vivienda no se aplica en Madrid porque Ayuso y el PP se niegan a fijar zonas tensionadas y a intervenir precios. Y lo que este "periódico" hace es mentir miserablemente para responsabilizar a otros de su gestión

Una entidad empresaria lanzó una innovadora propuesta para ayudar a reactivar la actividad económica en Argentina y busca generar un millón de nuevos puestos de trabajo. La iniciativa impulsada desde el sector privado fue presentada recientemente en la Cámara de Diputados y busca mostrar el apoyo del sector emprendedor argentino a las reformas estructurales

El hachazo a la pública en 2011 tuvo como respuesta una de las mayores movilizaciones vividas en la educación madrileña y en la defensa de los servicios públicos: la Marea Verde. Un movimiento que de la mano de toda la comunidad educativa logró que un 80% del profesorado secundara las huelgas de educación. El gobierno regional se asustó. Tanto como para reactivar toda su maquinaria neoliberal y acompañar los recortes de un relato totalizador para emponzoñar la imagen del profesorado de la pública. Aquí comienza nuestro primer acto.

Después de que Biden firme el proyecto de ley para forzar la venta de la aplicación o prohibirla, la legislación se enfrentará a desafíos judiciales, a la escasez de compradores y a la hostilidad del gobierno chino.