La Audiencia española deberá hacer pública toda la investigación secreta que realizó entre los años 2018 y 2019 a treinta y ocho activistas de los CDR y las organizaciones políticas de la izquierda independentista que derivó en la operación judicial y las acusaciones de terrorismo del 23-S. Según ha informado Alerta Solidaria, la sala segunda de la Audiencia les ha dado la razón y obliga al juez Manuel García Castellón a permitir el acceso a todos los elementos de la causa.

El juez García Castellón descartó investigar los audios remitidos por un juzgado de Marbella de los que se deduce una supuesta extorsión al extesorero del PP y a sus abogados, y una trama de poder con influencia en jueces y fiscales para conseguir sus objetivos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena revocar el auto del magistrado García Castellón en el que negaba el acceso a Juan Carlos Monedero a toda la documentación de la causa en la que se investigó a Podemos y a él mismo por presunta financiación irregular y con la que ahora pretende incriminarle en una nueva causa por blanqueo. Monedero ha denunciado no tener acceso a los oficios policiales con los que García Castellón le acusa, en un recurso que ahora la Sala de lo Penal admite, amparándole en su pretensión.

La negativa del juez Manuel García Castellón a aceptar una acusación popular en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales a la que pertenecen presuntamente el hijastro y el marido de Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, cierra por el momento la posibilidad de investigar una posible corrupción política, como advirtió la unidad especializada que se podía estar produciendo en el marco de la causa contra la citada organización criminal.

Un repaso selecto a 36 genoveses y empresarios que le estarán eternamente agradecidos

No quiere salpicar a Rajoy ni a Cospedal a pesar de las pruebas. Ha salvado a Esperanza Aguirre de la imputación que sí sufren sus colaboradores. Y ha intentado investigar a 9 dirigentes de Podemos en 2 años. Hasta sus superiores le han dado un toque.

El juez deja a la expresidenta de la Comunidad de Madrid fuera del juicio de esta ramificación de la Púnica y propone sentar en el banquillo a Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez. La Fiscalía reconoció en su escrito que Esperanza Aguirre podía “sospechar o intuir” que los límites del gasto electoral de sus campañas estaban superando los listones legales, pero rechazó que lo supiera de forma fehaciente.

Después de nueve meses de investigación secreta sobre la presunta financiación irregular de Podemos a cargo de Manuel García Castellón, el juez se niega a entregar las pesquisas sobre los investigados –a los que ni siquiera llegó a otorgar esa condición–, pese a que se vió obligado a cerrarla por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el mes pasado.

El juez Manuel García Castellón, que investiga en la Audiencia Nacional la caja b del PP de Esperanza Aguirre, ha rechazado como le pedían la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular del PSOE ampliar el plazo de la instrucción de la causa, la pieza separada número 9 del caso Púnica, para que el arrepentido Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid) que fue condenado por el caso Gürtel a 38 años de cárcel, tenga tiempo de aportar nuevas pruebas de la financiación irregular de esta formación política en la Comunidad de Madrid.

El magistrado reconoció en una charla en octubre que había engañado a sus colegas franceses a principios de los 2000. Ahora plantea una maniobra similar con Suiza para hacer pasar como definitivo un informe que no lo es para avanzar en la causa de Tsunami. Tras la mentira de García Castellón, el juez busca ahora una maniobra similar con Suiza. Ahora es para tratar de afianzar sus acusaciones contra Marta Rovira. García Castellón recibió un revés del país helvético, que ya ha cuestionado la investigación por su posible carácter político.

Se trata de una conversación recogida por los investigadores en el sumario, que tiene lugar el pasado mes de diciembre entre dos de los empresarios implicados en la trama, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche. Ambos están hablando de las comisiones por los contratos del Ministerio de transportes y Cueto le dice a su interlocutor: “esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)… él y su ex jefe” (en alusión a Ábalos según los investigadores).

Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael...

Cuatro de la veintena de detenidos en el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno se han negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los hechos, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El magistrado Ismael Moreno había citado este miércoles al principal imputado, Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, y otros tres implicados. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para ellos medidas cautelares....

El Govern balear de la socialista Francina Armengol reclamó en 2023 la devolución de 2,6 millones de euros a la empresa del asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, quien fue detenido este miércoles por presunta corrupción en la adquisición, por parte de la Administración central, de Balears y de Canarias, de material de protección sanitaria en los peores meses de la pandemia de la COVID.

El dictamen definitivo de la ‘número dos’ del fiscal general se opone a la tesis de los fiscales del Supremo y concluye que los indicios examinados por el juez de la Audiencia Nacional “descartan” la participación del expresident en la plataforma Tsunami Democràtic

El juez Manuel García-Castellón firmó el 2 de agosto de 2021, tres días después del plazo límite legal, el auto en el que dictaba la primera de las cinco prórrogas de la investigación en el caso Tsunami Democrátic. El escrito del magistrado tiene fecha de 30 de julio de 2021 —aunque en él se dice que la prórroga de seis meses comenzará un día antes, el 29 de julio—; sin embargo, la firma electrónica lleva firma del 2 de agosto. Tres de los imputados han presentado recursos de reforma ante el propio juez y de apelación ante la sala de lo Penal..

El juez de la Audiencia nacional Manuel García Castellón ha incoado un pieza separada que se tramitará con carácter reservado con el fin de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco del caso Tsunami Democratic.

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García Castellón encargó el informe a Asuntos Internos pese a que la Unidad ya había informado en dos ocasiones anteriores al juez de que “Chisco” es Francisco Martínez. Los policías llegaron a esa conclusión en el marco del caso Kitchen, la pieza 7 que investiga las maniobras de sabotaje a la investigación judicial de la financiación irregular del PP y en la que Martínez está procesado. Anticorrupción pide 15 años de cárcel por la utilización de fondos reservados para espiar a Bárcenas en favor del PP.

La Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, ha suspendido la comisión rogatoria cursada el pasado noviembre por García-Castellón, en la que el juez pedía que el país helvético le facilitase la localización de Marta Rovira. Se niega también a informar sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones de protesta, algunas violentas, que organizó Tsunami Democràtic en 2019 tras la sentencia del procés. Y recuerda que en 2020 denegó una petición de asistencia similar cuando...

La Justicia helvética se niega a facilitar información sobre la localización de Marta Rovira y sobre varias cuentas bancarias y afea al magistrado español su insistencia en vincular a los políticos independentistas con actos de terrorismo.