En su auto, tipifica los hechos como delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias, pero Gallego considera que este auto es "injusto" y concluye su recurso con una pregunta que amenaza a los 71 exonerados: "Por qué lo que para unos es lícito, para Isabel Gallego es delictivo".
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