El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha asegurado que quiere ser presidente para "meter en la cárcel a quienes intenten romper España", para defender la igualdad de los españoles ante la ley y proteger a los más débiles, en una concentración en plaza Sant Jaume de Barcelona este domingo que ha concentrado a unas 1.700 personas, según la Guardia Urbana.

De un tiempo a esta parte, para la izquierda y sus partidos se ha convertido en afición manifestarse contra los jueces y contra las sentencias judiciales, descargando contra ellos toda la ira social. Las consecuencias de proseguir con este tipo de activismo son graves. Porque no genera un país más social, justo o igualitario, sino que debilita o destruye a largo plazo el Estado de Derecho. Y es un arma de doble filo: todo radicalismo, de cualquier signo, puede apropiarse de este discurso si socialmente se legitima como razonable.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ha alertado de que la comisión de investigación que ha creado el Congreso a petición del Gobierno para indagar la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) vulnera la "separación de poderes".

El 25 de este mes se cumplieron cinco años de aquella declaración que dejó sin respiración a los políticos. Jordi Pujol, al que muchos veneraban como si fuese Dios, confesaba la famosa deixa que su padre le había dejado en el extranjero y que nunca había declarado. Los suyos se lo tragaron, y miren que era difícil aceptar que ni la hermana de Pujol ni su cuñado supieran nada o que en los treinta y cuatro años transcurridos desde la deixa hasta aquel momento Pujol no hubiese tenido ocasión de regularizarla. Menos creíble era los 140 millones de

Javier de la Cueva on Twitter: "Años llevamos diciendo que esto puede ocurrir. Años llevamos diciendo que Lexnet no puede estar en manos de los poderes ejecutivos.

En España no hay democracia: La transición del 78 fue una estafa a todos los españoles.

Dicen que nadie es profeta en su tierra pero Borja Brañanova podría estar a punto de lograrlo. El histórico triunfo de este asturiano al conseguir en Dubái la primera custodia compartida concedida en el mundo árabe va a estar presente este miércoles en la reunión que el jurado del Princesa de Asturias de la Concordia mantiene para elegir al ganador de 2019. La candidatura ha sido presentada por la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (Cemin), que considera que se trata de un "ejemplo de compromiso, trabajo y perseverancia"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Jerez de los Caballeros ha concedido la custodia compartida a un padre que reclamó este derecho en el juzgado tras comprobar que la autoridad judicial le había otorgado la custodia a la madre de forma provisional. Cuando el padre hizo esa solicitud hacía cinco meses que se había marchado del domicilio familiar. Su exmujer lo amenazó con denunciarlo por violencia de género si no se iba de casa y ya regía sobre los dos hijos que tenían en común una providencia judicial que le concedía a la madre.

Cuando el abogado José Muelas destapó un importante agujero de seguridad en LexNet, el sistema de notificaciones puesto en marcha por el Ministerio de Justicia en 2016 para digitalizar la actividad de juzgados y tribunales, de alguna forma se confirmaba que el plan para informatizar los juzgados hacía (y hace) aguas por todas partes. No sabemos si el sistema es robusto porque es opaco. Pero lo más grave es que es el Poder Ejecutivo, no el Judicial, quien sigue gestionando todos los datos que pasan por ahí.

En la partida había tres cosas en juego: la autonomía parlamentaria, la división de poderes y las tácticas de campaña electoral. Finalmente, se ha impuesto la tercera. Estamos aquí porque Leviatán, el único que tenemos, entendió que la solución a un problema político era sobreactuar la política sobreactuada del otro, y enjuiciarla no por lo que era, sino por rebelión modo invasión de Marte. No se puede hacer eso sin que se erosionen, por ejemplo, las instituciones que han participado en esta reducción de la democracia.

En el siguiente vídeo se explica de manera muy gráfica y sencilla la diferencia que hay entre una oligarquía de partidos estatales (España)y una democracia formal.

La existencia, el uso y, sobretodo, el abuso de esta institución lleva a pensar que ni existe realmente la división de poderes y que el poder judicial, por muy independiente que pretendamos que sea, termina estando sometido al ejecutivo que caprichosamente -pues no fundamenta de cara a la opinión pública la resolución adoptada- modifica y deja sin efecto una sentencia firme que ha sido dictada en un proceso judicial desarrollado con todas las garantías constitucionales y legales que protegen a todas las partes de dicho proceso.

El partido liderado por Santiago Abascal no defiende este modelo pedagógico por encima de los demás, pero aspira a estudiar si existe demanda suficiente para ampliar la oferta de centros de educación diferenciada en Andalucía, incluidos públicos. Actualmente solo existen nueve. Tres menos de los que había antes de la deriva judicial que tomó el asunto después de que la Junta de Andalucía se negase a financiarlos desde el año 2013 en adelante. Vox quiere "ampliar la oferta educativa" para abrir más centros de estas características.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sólo el pasado año 2017 el 30,2% de las custodias de hijos menores fue otorgada a ambos cónyuges de forma compartida frente al 65% de ocasiones en las que se concede sólo a la madre y el 4,4% sólo al padre. En cuanto a la custodia compartida el dato de 2017 supone un aumento del 6,7% con respecto al año anterior y confirmando una sentencia ascendente en la última década: en 2007 solo el 9,7% de las custodias se concedían de forma compartida.

El vídeo es de noviembre de 2016, pero ha reaparecido ahora y puede que vuelva durante la campaña electoral con el claro intento de dañar la imagen de Pedro Sánchez. En el video, el juez y por aquel entonces senador Santiago Vidal describe durante una charla de ERC en el Museo de Granollers y sin ahorrar ningún detalle, una reunión de Pedro Sánchez con Joan Tardà, Gabriel Rufián y él mismo en la que el secretario general del PSOE habría afirmado que Cataluña "es una nación" y de que la secesión de Cataluña "es cuestión de tiempo".

La separación de poderes, auténtica garantía para los ciudadanos, no existe. Alguien dijo que “Montesquieu había muerto”. Más bien le habían asesinado. En España, el poder ejecutivo controla el poder legislativo, casi siempre mediante acuerdos unánimes del partido que apoya al Gobierno, votando a la búlgara, y cuando es necesario se buscan alianzas para violar el mandato otorgado por la ciudadanía en las elecciones. El poder ejecutivo actúa al alimón con el poder legislativo y también controla el poder judicial.

Entre esas "condiciones imposibles" ha mencionado el reconocimiento del "llamado derecho a la autodeterminación, que es un supuesto e inexistente reconocimiento del derecho a la secesión", o la puesta en libertad de "ciudadanos que están en prisión preventiva por orden judicial en un país que se precia de tener separación de poderes", entonces habrá que "suspender la terapia del ibuprofeno".

El político critica la fundada sospecha de que el poder político trata de inmiscuirse y condicionar el trabajo de los más altos magistrados, ante lo que propone cambiar el sistema de elección.

La separación de poderes,que caracteriza a un estado democrático moderno,no se produce en la realidad. El Sistema de todos males,se retroalimenta con sus propias inmundicias. La política se judicializa y la justicia se politiza. Se adoptan medidas a sabiendas que son contrarias a la ley,rayando la prevaricación. El parlamento que representa a la soberanía del pueblo,está supeditado al gobierno. No hay independencia,como no la hay con el poder judicial, que está politizado. Las instituciones pierden su grandeza,al ser utilizadas en beneficio..

La política de separar a los niños migrantes de sus familias implementada por las autoridades en Estados Unidos comenzó en 2017, mucho antes de que se desatara el escándalo, y afectó a “miles” de niños más de lo que se pensaba, reveló este jueves una auditoría. Según una auditoría todavía se desconoce el número total de niños que fueron separados de sus padres por la política de tolerancia cero contra la inmigración decretada por el gobierno de Donald Trump en el primer semestre de 2018.

González señaló que la custodia compartida “debe ser incluida en nuestro ordenamiento como principio general de aplicación y no como una excepción, porque ha indicado González, favorece el mantenimiento de las relaciones de los menores con ambos progenitores tras un proceso de nulidad matrimonial, separación o divorcio, y fomenta la cooperación entre los miembros de la expareja”.

El pasado miércoles, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, el escupitajo de un diputado independentista de ERC al Ministro de Exteriores Borrell no fue el único que se produjo en el hemiciclo. La vicepresidenta Carmen Calvo también aprovechó su réplica a la intervención de Girauta sobre la independencia judicial para, en sentido metafórico, esputar sobre la separación de poderes y el Estado de derecho. Se trata, en mi opinión, de un escupitajo tanto o más grave que el anterior sobre el que pocos repararon.

El Partido Popular ha decidido suspender la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras conocerse la renuncia de Manuel Marchena a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. Pero lejos de responsabilizar a su portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, por el WhatsApp en que afirmaba que se controlaría a la Sala Segunda del Supremo “por la puerta de atrás,”, aseguran que la culpa radica en la “irresponsabilidad del PSOE por filtrar el nombre de Marchena”, según fuentes de la dirección popular.

El exdirector de la Policía Ignacio Cosidó explica con brutal sinceridad cómo se nombran a los jueces en España y para qué sirve controlar el Poder Judicial.Cosidó se refiere a la sala especial que deriva del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre otras funciones,es la que tiene el poder para ilegalizar a un partido. En cuanto a la sala segunda,se refiere a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por allí acaban pasado la práctica totalidad de los casos de corrupción que afectan a aforados. Es la sala que decidirá el juicio

Artículo de opinión dónde se analiza la separación por sexos que hizo Yolanda Domínguez durante el IX Congreso para el estudio de la violencia de género