Cuando el abogado José Muelas destapó un importante agujero de seguridad en LexNet, el sistema de notificaciones puesto en marcha por el Ministerio de Justicia en 2016 para digitalizar la actividad de juzgados y tribunales, de alguna forma se confirmaba que el plan para informatizar los juzgados hacía (y hace) aguas por todas partes. No sabemos si el sistema es robusto porque es opaco. Pero lo más grave es que es el Poder Ejecutivo, no el Judicial, quien sigue gestionando todos los datos que pasan por ahí.
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