El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado durante el pleno de este miércoles que impulsará una ley con el objetivo de prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre.

La Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) tiene actualmente un patrimonio de 23.354 viviendas sociales públicas. El 8'5% de todas ellas, unas 2.000, "están ocupadas ilegalmente" a fecha 10 de julio, según reconoce la Comunidad de Madrid. Con ese dato sobre la mesa, actualmente el 51% de todos los pisos ocupados de forma irregular en la Comunidad de Madrid pertenecen a la Agencia de Vivienda Social. Además, la Comunidad de Madrid tiene un stock de 533 viviendas sociales vacías, pese a tener 3.412 familias vulnerables en lista de espera.

Se anunció el proyecto de la creación de la planta de energía virtual con un enfoque en la vivienda pública, para reducir así, los costes de la electricidad en las viviendas. Pese a su temprana implantación, la cadena de noticias local ha indicado que ya estaría teniendo un impacto en el país, poniendo el ejemplo de una persona que hasta ahora pagaba en su vivienda más de 500 dólares cada trimestre en electricidad, y que ahora, ha visto su factura reducida a 175 dólares desde que se le implantó el sistema.

El último año ha estado marcado por un goteo de sentencias que ponen de relieve las prácticas de los nuevos propietarios en las viviendas del IVIMA y la EMVS, vendidas a precio de saldo por los gobiernos del PP. "Los jueces empiezan a frenar la cantidad de abusos en materia de alquileres, que son los mismos cometidos en materia hipotecaria", analiza una abogada. Los tribunales han parado desahucios y reconocido el derecho de los inquilinos a reclamar la venta porque tiene "consecuencias directas" sobre ellos..

"Ese proceso ha sido un proceso transparente, pulcro, inmaculado". El 20 de noviembre de 2015, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, volvía a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones por la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión perpetrada en 2013 durante su mandato. Dos años y medio después, el juez que investiga la operación por la vía penal ha pedido al parlamento madrileño que envíe las actas de esas comparecencias por si tuviesen información de interés para la causa..

Un total de 172 familias de la cooperativa Vitra, impulsada por CCOO, urgen a la empresa pública de gestión del suelo SEPES, dependiente del Ministerio de Fomento, a desbloquear su promoción de viviendas protegidas de precio básico (VPPB) en el distrito de Villaverde antes del 30 de junio. El presidente de la cooperativa señala que cabría pensar que el Ministerio de Fomento quisiera recuperarlo para sacar plusvalías en un momento de subida de precios de los terrenos edificables en Madrid

La responsable del trabajo sobre estos derechos en Amnistía Internacional, Marta Mendiola estuvo en Ginebra durante el período de examen a España de este Comité DESC. "Es una buena noticia que Naciones Unidas le pida a España que asegure que las medidas de austeridad respeten los derechos humanos, así como que exija que se haga una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre las personas y se evalúe la posibilidad de concluir estas medidas. En España la protección jurídica de estos derechos es menor que la que tienen los derechos civiles

El Gobierno ha suprimido la ayuda de 200 euros mensuales para pensionistas propietarios de una vivienda para afrontar el pago de gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos del texto final del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entró en vigor este domingo, pese a estar incluida en el texto inicial.

La secretaria general de Housing Europe, una red de promotores de vivienda pública europeos, participa en unas jornadas sobre el sector en Barcelona"

El fiscal presenta un informe ante el juez, que investiga por lo penal la venta de miles de viviendas públicas a un fondo buitre, en el que acusa a sus dos exdirectores generales (IVIMA Ana Gomendio y Juan Van-Halen) de cometer delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos;exigien que la investigación se centre en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos con Gomendio y Van-Halen como máximos responsables de una operación que, según explica, hace aguas desde la decisión de vender vivienda pública

David Marjaliza, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública; ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello, el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de

Este fondo, que adquirió el parque de vivienda pública propiedad del Patrimonio Municipal de Majadahonda (PAMMASA), había iniciado un procedimiento de desahucio por expiración del plazo pactado. Sin embargo, el Juzgado desestimó la demanda impidiendo el desahucio de esta familia que carece de alternativa habitacional.

Según los datos recabados en octubre por el observatorio Housing Europe, solo Rumanía, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Portugal empeoran el porcentaje de vivienda social de España: un 2,5% del total de las viviendas, porcentaje en el que se incluyen rentas antiguas y datos de Viviendas de Protección Oficial (VPO). De hecho, de ese 2,5%, Amnistía Internacional calculó en 2015 que España sólo ha logrado un pírrico 1,1% de vivienda estrictamente social, es decir: hogares de titularidad y apoyo público concedidas a colectivos...

El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. España no ha cumplido con los preceptos constitucionales ni de Derechos Humanos en materia de vivienda.

El proyecto de Ley de Urbanismo y SueloVentana nueva, aprobado por el Gobierno regional, no contempla la obligación de cesión de suelo a la Comunidad de Madrid con destino a la construcción de vivienda pública social. Además suprime las reservas de suelo existentes obtenidas con la Ley del Suelo vigente. Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), califican el proyecto de Ley de antisocial porque desprecia la situación de emergencia habitacional existente en la Comunidad de Madrid.

Miquel Bonilla, consejero delegado de Adigsa —empresa que controla las viviendas públicas en Cataluña—, reconoció ante la policía que en la época en que Artur Mas era ‘conseller en cap’ (consejero jefe) del Gobierno catalán, “se adjudicaron una serie de obras sin proceso de licitación reglamentario”. Y subrayó que “la antigua dirección hacía encargos a contratistas sin respetar procedimiento formal alguno, y de las mismas no hay constancia documental”. En total, afirmó el directivo, había unas “100 actuaciones” irregulares.

Son muchos los factores entorno a la gentrificación. Por lo que respecta a Vivienda y Urbanismo, hace años que se están tomando medidas. Porque incluso las obras de mejora en equipamientos públicos que pueda realizar el ayuntamiento pueden tener unos efectos gentrificadores.

“Nadie querrá hacer negocios con el Ayuntamiento si empezamos a rescindir contratos”, ha defendido. Una opinión que coincide con la que ya apuntó Begoña Villacís hace unos meses, aunque dando otros argumentos. Para la portavoz de la formación naranja, revertir la venta supondría asumir costas de 400 millones de euros, que “enriquecerían aún más al fondo buitre”.

Bonifacio R.C, exconcejal del PP en Colmenar Viejo y exempleado de la empresa pública Arpegio, ha sido condenado a cinco años de prisión por estafar 2 millones prometiendo pisos públicos baratos de la Comunidad de Madrid en el madrileño barrio de Las Tablas.

Unas 150 personas de la coordinadora de vivienda de Madrid se han encerrado en la sede del banco de inversión Goldman Sachs para denunciar "la oleada de desahucios", unos 30 según precisa un portavoz a Diagonal, que se ha producido y se va a producir entre noviembre y diciembre en las 3.000 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) que la Comunidad de Madrid vendió en 2013 a esta entidad financiera y a otros fondos de inversión.Encasa Cibeles, participado por Goldman Sachs, es el actual propietario de gran parte de estas viviendas p

Declaraciones de Paco Marhuenda en La Sexta Noche

La empresa de tasación "UVE Valoraciones" apunta a que la oferta de vivienda en alquiler ha caído a mínimos históricos y está un 28 % por debajo de la que había en 2020. Según la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), la oferta de inmuebles disponibles para alquiler habitual se ha desplomado un 30,5%. También el Banco de España ha alertado de los efectos negativos que puede conllevar el control de los precios del alquiler de forma sostenida y sin medidas estructurales que aumenten la oferta. La entidad calcula que hacen falta

La norma prometía facilitar el acceso a la vivienda y garantizar por igual en toda España el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, limitando las subidas de los alquileres y protegiendo a los inquilinos más vulnerables, entre otros puntos. Un año después, la llave para poner en marcha una parte importante de la ley impulsada por el Gobierno de coalición está en manos de las comunidades. Mientras tanto, el precio de la vivienda no deja de crecer y sigue suponiendo una carga asfixiante para muchas familias.

El Gobierno andaluz defiende que ha hecho la mayor inversión de la historia en áreas como sanidad o educación, sin embargo no está siendo suficiente para frenar las movilizaciones. Desde un sindicato apuntan que es "lógico" que cada año sea el mayor presupuesto por la inflación, pero Yuste apunta a "cómo se distribuye". Otro de los grandes problemas es la falta de negociación. Para las Consejerías es obligatorio plantear la normativa a los sindicatos, pero "Lo hacen como un trámite formal. No significa que escuchen las reivindicaciones."

Analizamos con expertos del ámbito académico, del activismo y del sector empresarial cómo enfocar la crisis habitacional y saber si la Ley que entró en vigor hace un año ha tenido efecto. Lo más comentado es la mercantilización de la vivienda y la falta de vivienda social y asequible.

Comprar un piso de unos 100 metros cuadrados en Madrid capital cuesta más de medio millón de euros. Concretamente, 5.188 euros por metro cuadrado. Pero alquilarlo no sale mucho mejor, comparativamente: el metro cuadrado asciende a 19,9 euros, es decir, casi 2.000 euros para un piso similar, o alrededor de 1.000 euros al mes si tuviera la mitad de tamaño (50 metros cuadrados).

Tras sufrir en sus carnes la vulnerabilidad de un cuerpo humano defectuoso. Esther Sanz defiende ahora la sanidad publica y las ventajas del Estado de Bienestar que tanto critica y tanto lucha por destruir su antiguo partido.