La vivienda pública no pasa por su mejor momento en Madrid. Y no parece que vaya a mejorar con los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019. El acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos refleja que se va a destinar menor presupuesto para construir vivienda pública que antes del inicio de la legislatura, cuando aún estaba Ignacio González en el poder. PP y Ciudadanos acuerdan destinar en 2019 un total de 13 millones para la construcción de viviendas públicas. Medio millón más que en 2018, pero lejos de los 17,6 millones de 2015.

Nuevo revés a la operación de venta de 32 promociones de viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La justicia anula por segunda vez, en casos diferentes, este traspaso promovido por el Gobierno del PP de Ignacio González al considerar que la venta no estuvo debidamente justificada.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado durante el pleno de este miércoles que impulsará una ley con el objetivo de prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre.

La Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) tiene actualmente un patrimonio de 23.354 viviendas sociales públicas. El 8'5% de todas ellas, unas 2.000, "están ocupadas ilegalmente" a fecha 10 de julio, según reconoce la Comunidad de Madrid. Con ese dato sobre la mesa, actualmente el 51% de todos los pisos ocupados de forma irregular en la Comunidad de Madrid pertenecen a la Agencia de Vivienda Social. Además, la Comunidad de Madrid tiene un stock de 533 viviendas sociales vacías, pese a tener 3.412 familias vulnerables en lista de espera.

Se anunció el proyecto de la creación de la planta de energía virtual con un enfoque en la vivienda pública, para reducir así, los costes de la electricidad en las viviendas. Pese a su temprana implantación, la cadena de noticias local ha indicado que ya estaría teniendo un impacto en el país, poniendo el ejemplo de una persona que hasta ahora pagaba en su vivienda más de 500 dólares cada trimestre en electricidad, y que ahora, ha visto su factura reducida a 175 dólares desde que se le implantó el sistema.

El último año ha estado marcado por un goteo de sentencias que ponen de relieve las prácticas de los nuevos propietarios en las viviendas del IVIMA y la EMVS, vendidas a precio de saldo por los gobiernos del PP. "Los jueces empiezan a frenar la cantidad de abusos en materia de alquileres, que son los mismos cometidos en materia hipotecaria", analiza una abogada. Los tribunales han parado desahucios y reconocido el derecho de los inquilinos a reclamar la venta porque tiene "consecuencias directas" sobre ellos..

"Ese proceso ha sido un proceso transparente, pulcro, inmaculado". El 20 de noviembre de 2015, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, volvía a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones por la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión perpetrada en 2013 durante su mandato. Dos años y medio después, el juez que investiga la operación por la vía penal ha pedido al parlamento madrileño que envíe las actas de esas comparecencias por si tuviesen información de interés para la causa..

Un total de 172 familias de la cooperativa Vitra, impulsada por CCOO, urgen a la empresa pública de gestión del suelo SEPES, dependiente del Ministerio de Fomento, a desbloquear su promoción de viviendas protegidas de precio básico (VPPB) en el distrito de Villaverde antes del 30 de junio. El presidente de la cooperativa señala que cabría pensar que el Ministerio de Fomento quisiera recuperarlo para sacar plusvalías en un momento de subida de precios de los terrenos edificables en Madrid

La responsable del trabajo sobre estos derechos en Amnistía Internacional, Marta Mendiola estuvo en Ginebra durante el período de examen a España de este Comité DESC. "Es una buena noticia que Naciones Unidas le pida a España que asegure que las medidas de austeridad respeten los derechos humanos, así como que exija que se haga una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre las personas y se evalúe la posibilidad de concluir estas medidas. En España la protección jurídica de estos derechos es menor que la que tienen los derechos civiles

El Gobierno ha suprimido la ayuda de 200 euros mensuales para pensionistas propietarios de una vivienda para afrontar el pago de gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos del texto final del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entró en vigor este domingo, pese a estar incluida en el texto inicial.

La secretaria general de Housing Europe, una red de promotores de vivienda pública europeos, participa en unas jornadas sobre el sector en Barcelona"

El fiscal presenta un informe ante el juez, que investiga por lo penal la venta de miles de viviendas públicas a un fondo buitre, en el que acusa a sus dos exdirectores generales (IVIMA Ana Gomendio y Juan Van-Halen) de cometer delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos;exigien que la investigación se centre en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos con Gomendio y Van-Halen como máximos responsables de una operación que, según explica, hace aguas desde la decisión de vender vivienda pública

David Marjaliza, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública; ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello, el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de

Este fondo, que adquirió el parque de vivienda pública propiedad del Patrimonio Municipal de Majadahonda (PAMMASA), había iniciado un procedimiento de desahucio por expiración del plazo pactado. Sin embargo, el Juzgado desestimó la demanda impidiendo el desahucio de esta familia que carece de alternativa habitacional.

Según los datos recabados en octubre por el observatorio Housing Europe, solo Rumanía, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Portugal empeoran el porcentaje de vivienda social de España: un 2,5% del total de las viviendas, porcentaje en el que se incluyen rentas antiguas y datos de Viviendas de Protección Oficial (VPO). De hecho, de ese 2,5%, Amnistía Internacional calculó en 2015 que España sólo ha logrado un pírrico 1,1% de vivienda estrictamente social, es decir: hogares de titularidad y apoyo público concedidas a colectivos...

El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. España no ha cumplido con los preceptos constitucionales ni de Derechos Humanos en materia de vivienda.

El proyecto de Ley de Urbanismo y SueloVentana nueva, aprobado por el Gobierno regional, no contempla la obligación de cesión de suelo a la Comunidad de Madrid con destino a la construcción de vivienda pública social. Además suprime las reservas de suelo existentes obtenidas con la Ley del Suelo vigente. Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), califican el proyecto de Ley de antisocial porque desprecia la situación de emergencia habitacional existente en la Comunidad de Madrid.

Miquel Bonilla, consejero delegado de Adigsa —empresa que controla las viviendas públicas en Cataluña—, reconoció ante la policía que en la época en que Artur Mas era ‘conseller en cap’ (consejero jefe) del Gobierno catalán, “se adjudicaron una serie de obras sin proceso de licitación reglamentario”. Y subrayó que “la antigua dirección hacía encargos a contratistas sin respetar procedimiento formal alguno, y de las mismas no hay constancia documental”. En total, afirmó el directivo, había unas “100 actuaciones” irregulares.

Son muchos los factores entorno a la gentrificación. Por lo que respecta a Vivienda y Urbanismo, hace años que se están tomando medidas. Porque incluso las obras de mejora en equipamientos públicos que pueda realizar el ayuntamiento pueden tener unos efectos gentrificadores.

“Nadie querrá hacer negocios con el Ayuntamiento si empezamos a rescindir contratos”, ha defendido. Una opinión que coincide con la que ya apuntó Begoña Villacís hace unos meses, aunque dando otros argumentos. Para la portavoz de la formación naranja, revertir la venta supondría asumir costas de 400 millones de euros, que “enriquecerían aún más al fondo buitre”.

Bonifacio R.C, exconcejal del PP en Colmenar Viejo y exempleado de la empresa pública Arpegio, ha sido condenado a cinco años de prisión por estafar 2 millones prometiendo pisos públicos baratos de la Comunidad de Madrid en el madrileño barrio de Las Tablas.

La situación de la vivienda ha llegado hasta el punto de que se están alquilando partes de la vivienda para dormir, como el caso de una oferta del alquiler de un sofá para dormir por 200 euros la noche, en una noticia de la que se ha hecho eco 'Espejo Público'.

Optar a un puesto de trabajo sin conocer de antemano el salario o trabajar sin saber cuánto ganan nuestros compañeros de mesa pronto va a ser cosa del pasado.

Los vecinos de seis barrios madrileños se han organizado para plantarle cara al fondo buitre Azora y sus cláusulas abusivas. A través de su gestora Nestar, el tercer mayor casero de España asfixia a las familias alquiladas con subidas del alquiler que pueden ascender hasta los 700 euros al mes tras el trascurso de los tres primeros años de contrato. Los más de 900 afectados, lejos de ceder o amedrentarse, se han organizado en torno al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y han convocado una “huelga de alquileres”.

La obra extensamente documentada de los historiadores Naomi Oreskes y Erik M. Conway nos relata el papel crucial de empresas tecnológicas en esta guerra ideológica, mostrando cómo la desinformación y los influencers neoliberales que se apoyan en bulos vienen de lejos.

No hay argumento para pensar como piensan, son sencillamente idiotas.

El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España ha alcanzado los 12,7 millones, según revela el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado este lunes 4 de junio en el Ateneo de Madrid. Aumento del riesgo y protección estatal El informe destaca que la tasa AROPE (At-Risk-Of-Poverty and Exclusion) ha incrementado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, afectando a 400.000 personas más, debido principalmente al encare

La vía más efectiva para combatir la desinformación es tratar de que las webs que las difunden reciban menos ingresos por publicidad. Esa es la conclusión a la que llega un estudio publicado hoy en la revista Nature tras analizar 1.276 webs de desinformación y 4.209 webs legítimas entre 2019 y 2021, así como el comportamiento de 42.595 anunciantes únicos con más de 9,5 millones de impactos publicitarios en ese periodo. Según los autores del trabajo, hacer que los consumidores sepan dónde invierten las empresas su presupuesto publicitario puede

El mercado inmobiliario no da un respiro a los bolsillos de los ciudadanos. El precio de la vivienda subió un 6,3% en el primer trimestre de 2024, lo que supone su mayor tasa desde el verano de 2022. Gran parte de culpa de este encarecimiento lo tiene la vivienda nueva, que subió 2,6 puntos, hasta el 10,1%.

Una queja interpuesta por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos enfoca y arroja luz sobre uno de los alojamientos rurales más exclusivos y herméticos no solo de España sino de toda Europa. El paraje Caravales, en Zufre, es usado como refugio cinegético por la Alta Sociedad y grandes fortunas europeas. Ahora el MITECO da un plazo de 30 días a los titulares de la finca Caravales para que coloque puertas en los cerramientos, con pasa-aguas ya que en una inspección de la confederación del Guadalquivir se comprobó el incumplimiento

En València falta disponibilidad de alquileres. Basta observar el desequilibrio entre oferta y demanda. Muchas veces se asocia a la escasez de viviendas residenciales, que son sustituidas por alojamientos estacionales. De repente aparece un bloque turístico en una fachada cualquiera y nadie sabe bien cómo llegó ahí. No es sencillo capturar el instante fugaz en el que una finca de hogares se convierte en un activo inmobiliario, y es exáctamente eso lo que está ocurriendo en las escaleras 101 y 103 de la avenida Primado Reig.

Un hombre alcanzado por un disparo es la segunda víctima mortal de la reyerta ocurrida la madrugada del lunes. Antes había muerto otra persona atropellada y apuñalada en la calle Victoria Domínguez Cerrato y varias personas más resultaron heridas de bala y por arma blanca. Todo apunta a un enfrentamiento entre dos familias que mantenían una fuerte rivalidad por el noviazgo de dos jóvenes, uno de cada familia . El primer detenido por la reyerta del Polígono Sur es un menor de edad.

El presidente está obsesionado con destruir la educación pública argentina, a la que considera un centro de lavado de cerebros y “adoctrinamiento marxista”