El grupo confederal acata pero alegará contra la suspensión decretada ayer y también quiere llevar el caso a Europa

"Máxima gravedad", "golpe", "atropello democrático", "fin de la credibilidad del TC". La decisión inédita tomada este lunes por el Tribunal Constitucional de impedir al Senado votar la reforma para su propia renovación ha hecho temblar la actualidad política de nuestro país y, en las últimas horas, hemos escuchado a muchas personalidades políticas comentar la gravedad de lo sucedido.

Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE: "No compartimos ni el fondo ni la forma la decisión del TC. Priva al Senado (donde reside la soberanía popular) de la posibilidad de votar, paralizan su propia renovación y dos de los seis magistrados tienen el mandato caducado".

Podemos presiona al PSOE para desobedecer al Tribunal Constitucional: "No habría motivo para acatar una orden" 'Morados' y socialistas siguen apretando a los magistrados: "¿Quién manda en España, el Congreso o unos jueces ultras?"

(...) Como si el tribunal constitucional español no fuera un tribunal, sino un club de debate político (...)

Los progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)dan por hecho que el pleno extraordinario que se va a celebrar este martes no acabará con el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, afirman miembros de este sector consultados por elDiario.es. Es una sesión extraordinaria a la que los vocales llegan sin perspectiva de acuerdo y que se celebra a petición del bloque conservador, que después de más de tres meses de boicot a esos nombramientos, pidió de urgencia un pleno para sortear la reforma legal que prepara el Gobierno

Por seis votos frente a cinco, el tribunal entierra las pretensiones del PSOE y Unidas Podemos de apartar al presidente y al magistrado Narváez del procedimiento.

"No habría motivos para acatar una orden como esa", ha dicho el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en línea con el mensaje de otros dirigentes. La portavoz Alejandra Jacinto cree que el Congreso y el Senado tienen escritos y elementos jurídicos "suficientes" para no atender una posible paralización de la reforma decretada por un tribunal caducado.

Tener mandato caducado no supone ningún menoscabo de la legitimidad de los magistrados para ejercer su función; el Constitucional ha venido funcionando sin problemas dictando sentencias inobjetables, pese a que alguno de los magistrados pudiera tener el mandato caducado. Tampoco la división de los magistrados que se va evidenciar, inevitablemente, supone descrédito para la decisión que se adopte. Desde que Sánchez llego al poder la división y la polarización se ha extendido a todas las instituciones, y también al Tribunal Constitucional.

El grupo confederal considera que Trevijano y Narváez son “afectados directos” por la reforma del Gobierno para desbloquear el Constitucional por lo que su participación en las deliberaciones del recurso del PP vulnera el “derecho al juez imparcial” recogido en la legislación comunitaria. Unidas Podemos presentará este lunes a primera hora dos nuevos escritos ante el Tribunal Constitucional. Lo hará justo antes de que el pleno de este órgano judicial se reúna a las 10.00 horas para decidir sobre la petición del PP de suspender de forma cautelar

El TC tiene asignadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes una vez han sido aprobadas, pero adelantarse a su aprobación e impedir el trabajo parlamentario supondría una extralimitación de funciones que lo deslegitimaría seriamente, además de que difícilmente encontraría acomodo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene recordar cómo se ha llegado a una situación de esta gravedad.

Intervención del diputado Rafael Mayoral en el pleno del Congreso de los diputados.

Lo más curioso es que el Tribunal Constitucional iba a dilucidar sobre un asunto capital cuando los mismos miembros del órgano llevan años caducados. Eso es como si un parlamentario quisiese votar en el Parlamento cuatro años después de acabar su mandato. Es absurdo que un jurista que ha terminado su mandato desde hace años pueda decidir sobre el futuro de él mismo en el Tribunal Constitucional.

Finalmente, los seis miembros del alto tribunal designados a propuesta del PP no se han atrevido este jueves a imponer lo que era un “golpe blando” a la democracia y han optado por aplazar su debate al lunes y permitir que el órgano que representa la soberanía popular, o sea el Parlamento, votara lo que considerase oportuno. La pregunta, o una de las preguntas pertinentes a esta hora del disparatado momento político, es: ¿no tiene nada que decir o hacer el jefe del Estado ante una crisis institucional de esta magnitud?

En la decisión que tiene que tomar el lunes el Constitucional sobre si aceptan o no el recurso del Partido Popular participan cuatro magistrados con el mandato constitucional caducado (entre ellos los dos recusados). Ya no deberían estar ahí sentados, y sin embargo, quieren decidir sobre su fecha de caducidad. Y es que hasta el momento no han renunciado a decidir sobre su propio destino, aunque podrían haberse apartado voluntariamente. Ahora son sus compañeros quienes tienen que valorar si tienen un interés directo en la causa

Buena parte de la prensa española hace aspavientos a raíz de la decisión de Tribunal Constitucional español (TC) de reunirse de urgencia para tratar el recurso del PP que reclama de parar el pleno del congreso español sobre la reforma legal sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).(...) Ahora bien, la misma prensa no vio “burlas” ni “urgencia inédita” cuando el TC suspendió preventivamente el pleno del Parlamento de Cataluña

La amenaza de interferencia del pleno del Tribunal Constitucional (TC) a un debate en el Congreso de los Diputados - con el pleno de este jueves, que se ha atrasado a las 12 h, para analizar el recurso del PP para detener la reforma del Poder Judicial- ha escandalizado en Madrid. El Parlament de Catalunya, sin embargo, sufre esta interferencia desde la consulta del 9-N del 2014, y además a instancias de los partidos en el Gobierno, tanto del PP como del PSOE

El Tribunal Constitucional ha retrasado durante dos horas el pleno convocado de urgencia para estudiar las medidas cautelarísimas solicitidas por el PP para paralizar la tramitación de la reforma del poder judicial, por la que, entre otros puntos, se modifica el sistema de votación de los magistrados del tribunal de garantías, además de rebajar el delito de malversación y el de sedición.

En efecto, la Ley Orgánica del Tribunal permite recurrir en amparo laa decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes. El TC no va a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma, sino sobre la admisión o inadmisión del recurso de amparo y la suspensión cautelar del acto recurrido de forma cautelarísima hasta la admisión del recurso.Es más: si lo admite y acaba estimando el recurso, esta resolución no afecta a un eventual recurso de inconstitucionalidad sobre la ley una vez aprobada.Y si lo inadmite o desestima, igual.

Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial han dado este viernes por rotas las conversaciones mantenidas para tratar de alcanzar un pacto previo sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de cara al Pleno del próximo día 22.

La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo.

Los vocales conservadores siguen sin poner un nombre encima de la mesa mientras ponen pegas al candidato de los progresistas.