El TC tiene asignadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes una vez han sido aprobadas, pero adelantarse a su aprobación e impedir el trabajo parlamentario supondría una extralimitación de funciones que lo deslegitimaría seriamente, además de que difícilmente encontraría acomodo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene recordar cómo se ha llegado a una situación de esta gravedad.
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