Con profundas cicatrices por la muerte de 27 compañeros y seis desaparecidos en 15 años, los periodistas del oriental estado mexicano de Veracruz enfrentan hoy nuevas amenazas a su persona y al derecho de informar, tal y como refleja el asesinato y decapitación de Julio Valdivia.

España conserva la posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y se sitúa en el puesto 29 de una tabla que integran 180 países, como consecuencia de "la vuelta a la calma tras momentos de grave deterioro" de la libertad de información y "por la situación en una zona de la tabla relativamente tranquila".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

La orden del juez Santiago Pedraz de suspender la actividad de Telegram ha supuesto un gran impacto en el panorama de la comunicación digital del país. Esta decisión ha generado una ola de preocupación entre los millones de usuarios, ciudadanos y organizaciones, que usan el canal como medio para informarse y comunicarse. Además, ha reabierto el debate sobre los límites y la protección de la propiedad intelectual, el derecho a la información y la libertad de expresión.

La red nacional de la agrupación H.I.J.O.S. denunció un “atentado contra la vida” de una de sus integrantes por el que responsabilizó al Gobierno nacional. La militante del espacio fue golpeada, abusada y amenazada de muerte por dos personas que irrumpieron en su casa por la fuerza. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso”, le dijeron los atacantes durante el episodio. Antes de retirarse, los atacantes dibujaron en una de las paredes de la vivienda “VLLC”, el slogan del partido de Gobierno.

Los jueces conceden la libertad a Dani Alves al considerar que existen medidas menos "gravosas" para hacerle cumplir la condena. El exfutbolista tendrá que depositar una fianza de un millón de euros para ser libre.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton en la madrugada del 31 de diciembre de 2023. Le ha impuesto una fianza de un millón de euros.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.

El exjugador del Barça Dani Alves ha pedido este martes a la Audiencia de Barcelona que lo deje en libertad a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona: "Creo en la justicia. No voy a huir".

“Esta actitud constituye una presión intolerable que coarta la libertad de prensa y atenta contra el derecho a la información veraz de los ciudadanos que consagra la Constitución”, afirman ambas organizaciones en un comunicado conjunto. La FAPE y la APM “exigen a Rodríguez que rectifique en el marco de la relación de respeto que debe primar entre políticos y periodistas” y han puesto a disposición de elDiario.es sus servicios jurídicos.

Entre esos mensajes a través de Whatsapp, Miguel Ángel Rodríguez escribió: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. “¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.

Los defensores del proyecto de ley dicen que su objetivo es crear un entorno más seguro en las redes sociales para los jóvenes.

Cómo María Jesús Montero pudo anticiparse a las informaciones de dos medios de comunicación que apuntaban a que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso "pagado con comisiones" percibidas por su pareja, Alberto González Amador, solo puede explicarse por la condición de ministra de Hacienda de la también vicesecretaria general del PSOE. Unas declaraciones públicas efectuadas por Montero pasadas las cinco de la tarde de este pasado martes señalaban que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por un presunto fraude fiscal...

Isabel Díaz Ayuso ha hecho pública su preocupación por una "inspección fiscal salvaje" que está afectando a su pareja. Según sus palabras, "hasta donde sé", Hacienda está retrasando el pago de casi 600.000 euros que le debe a su pareja. Además, ha desmentido rotundamente que él sea el responsable de una deuda de 350.000 euros por fraude. Según Ayuso, se trata de una "inspección de Hacienda sacada de quicio" y niega la existencia de cualquier trama en este asunto.