Rajoy aseguraba que el PP no apoyaría esta medida porque con la política del Ejecutivo de Zapatero "los que pagan van a hacerlo más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado".

Deportistas como Pedrosa o Daniel Alves, el ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz o Mario Conde suenan con fuerza tras la publicación de los anteriores listados (diciembre de 2015 y junio de 2016).

La Plataforma X la Honestidad --que busca que los partidos políticos se pronuncien de manera clara contra la corrupción-- ha solicitado este viernes al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, una lista con los nombres de los cargos públicos acogidos a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno. A su juicio, "la ciudadanía tiene derecho" a conocer los nombres de los amnistiados y, además, la "higiene democrática" obliga a que este asunto "deba tratarse en sede parlamentaria y en una Comisión que se cree al efecto"

Además de los Juegos Olímpicos, de la Expo Universal de Sevilla y de la celebración de Madrid como Capital Europea de la Cultura, este 2017 también cumple veinticinco años el libro de nuestro amigo y nunca suficientemente ponderado Francis Fukuyama, “El Fin de la Historia y el último Hombre”.

¿Es posible que el Tribunal Constitucional tumbe un decreto de un Gobierno de tal envergadura como el de una amnistía fiscal,pasen las horas y el ministro en cuestión no haya dimitido y el presidente que avaló tal atropello ni siquiera se digne a dar la cara? Claro que es posible en este mundo del PP,en el que nadie es responsable de nada,así se robe,se incumplan los mandatos de los tribunales o se deje a los defraudadores fiscales que se rían a carcajadas.Montoro no puede seguir ni un minuto más como ministro.Y Rajoy debe explicar..

Un tribunal de mayoría conservadora asesta al Ministerio de Montoro un varapalo moral al asegurar que renunció a buscar la equidad fiscal.

Un recorrido por la galería de ilustres que hicieron uso de la iniciativa de Montoro para hacer las paces con el fisco

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la regularización fiscal decretada por el Gobierno de Rajoy en 2012 no tendrá efectivos retroactivos —los beneficiados no deberán tributar por un patrimonio oculto a los ojos de Hacienda—, pero sí que tendrá consecuencias para el futuro. Tanto desde el punto de vista económico como estrictamente político.

Considera que la medida legitima "como una opción válida" la conducta de los defraudadores ► La resolución judicial no afectará a las regularizaciones ya hechas

La decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que se acogieran a la medida extraordinaria que impulsó MontoroEl Tribunal cree que se ha vulnerado parte del Título I de la Constitución que defiende el deber de todos "de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” "En lugar de servir a la lucha contra el fraude fisc

La sentencia del Constitucional es de una enorme contundencia y se ha aprobado por unanimidad, también con el voto de los magistrados que nombró el Partido Popular. Políticamente es muy relevante, tributariamente dará igual. La amnistía fiscal fue "la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Legitimó "la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica". Fue "la quiebra del objetivo...

Toda amnistía fiscal es un fracaso colectivo. Se mire por donde se mire. Se podrá argumentar que no había más remedio que aprobarla para cumplir con la senda de reducción del déficit. O esgrimir, incluso, que los impuestos son un medio para lograr un objetivo y no un fin en sí mismo. En una palabra, que lo importante es recaudar aunque sea con la nariz tapada. Pero lo cierto es que su obscenidad es manifiesta.

El Ministerio deja claro que los procedimientos abiertos en el marco de la regularización tributaria especial siguen adelante. El PSOE pide a Montoro que asuma responsabilidades políticas; Ciudadanos pide la comparecencia en el Congreso del titular de Hacienda.

La Agencia Tributaria ha abierto 3.545 inspecciones derivadas de la regularización extraordinaria de 2012, conocida como amnistía fiscal, con una deuda fiscal detectada de 246 millones de la cual, hasta el pasado 10 de abril, se han liquidado más de 189 millones de euros. Así lo ha anunciado Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, tras preguntarle el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, si seguía manteniendo que la amnistía fiscal había sido “beneficiosa para luchar contra la corrupción”.

El considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal de Montoro. Así consta en uno de los autos de registro dictados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Efe.

El Consejo de Transparencia opta por no recurrir una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó publicar el listado de beneficiarios y que ya es firme.El organismo independiente, adscrito orgánicamente de Hacienda, argumenta que otro fallo desfavorable habría sentado jurisprudencia y sería perjudicial para el futuro..

Las actuaciones fueron comunicadas a la empresa semanas después de que 'Los Papeles de la Castellana' revelasen que los hermanos Gallardo legalizaron 113 millones ocultos en Suiza, Mónaco y Panamá. En julio, la Agencia Tributaria comunicó a la farmacéutica “actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del Impuesto de Sociedades” de 2011 a 2013 y del IVA de 2012 a 2013, entre otros. La regularización llevada a cabo por los también dueños del grupo de sanidad privada Vithas es la más importante que se conoce.

Tres compañías catalanas del negocio del marisco legalizaron dos millones con la amnistía, a la que también se acogió el dueño de Mariscos Castellar, una de las principales empresas de Jaén. Un dentista de Barcelona legalizó 4 millones; una peluquería de León, 900.000 euros; un dermatólogo de Valladolid, 800.000; y dos socios de una empresa de cableado en Huesca, 540.000. El Gobierno se niega a publicar la lista de 30.000 agraciados pero algunos nombres pueden rastrearse en sentencias judiciales dictadas en los últimos años.

Casi 40 años después, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira argumenta en su escrito que aunque el atentado en sí pueda estar prescrito, hay otro delito cometido por los etarras, el de integración en organización terrorista o banda armada, que «es de tracto sucesivo, es decir, se realiza mientras que la persona o personas se encuentren integradas en dicha Organización». Este argumento podría impulsar la investigación de los alrededor de 300 asesinatos que ETA cometió después de la aministía de 1977 y que no han sido resueltos.

Los cerca de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 Cristóbal Montoro pagando, de media, apenas un 3% de lo aflorado, pueden librarse de pagar más a partir de este miércoles, según algunos asesores fiscales y Ciudadanos. Solo se conoce una mínima parte del total de amnistiados, entre los que hay 705 correspondientes a cargos públicos o familiares de estos. La treintena de nombres que ha trascendido se conoce gracias a investigaciones periodísticas.

El ministro quiere contentar así a Ciudadanos, pero de momento no exigirá a los amnistiados que paguen más de lo que pagaron en su día al acogerse al indulto fiscal, que es lo que realmente quiere la formación naranja.

Montoro no revisará al alza las liquidaciones de los evasores tal y como se había comprometido el PP con el partido de Rivera.Cristóbal Montoro, enviará una carta a los defraudadores acogidos al indulto de 2012 para avisarles de que “las investigaciones no prescriben el 30 de noviembre” y no revisará al alza las liquidaciones ya hechas, una decisión, que tal y como recuerda el digital supone incumplir el pacto entre PP y C's, que prometía hacer pagar a los evasores un 10% por el dinero aflorado, y no el 3% que abonaron..

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha ordenado este lunes a la Fiscalía Superior de Madrid informar en contra de la admisión de la querella interpuesta por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra los fiscales de Madrid.

El periodista Enric Juliana arroja un poco de luz tras la "ocurrencia" del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que sean los trabajadores los que reciban su "salario real" en su nómina y que sean ellos los que ingresen "libremente" las cotizaciones sociales.

Mientras el diario del Grupo Planeta toma el relevo de sus colegas del Trío de la Bencina, los otros dos vuelven a gritar en portada contra el fiscal general del Estado. Esta vez para acusarlo de impedir un informe contra la ley de amnistía que los fiscales de la conservadora Asociación de Fiscales del Consejo Fiscal quieren votar en este organismo. ABC y El Mundo lo presentan como si ese papel representara la opinión general de los fiscales. En realidad, es la opinión de los seis fiscales conservadores del Consejo, espoleados por...

Pere Aragonès: "La amnistía dejó de ser inconstitucional de la noche a la mañana. Pasará lo mismo con el referéndum"

Con multitud de fondos y multinacionales buscando oportunidades de inversión en el mundo y en la Eurozona, los países que ofrecen mejor marco regulatorio y fiscal tienen las de ganar. El nuevo primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, apunta a jugar fuerte para ser el país más atractivo del apetitoso mercado ibérico.

El español medio ya paga más del 50 por ciento de su sueldo a Hacienda; nuestro país es el que más ha subido la presión fiscal desde 2019, coincidiendo justamente con los sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez. Con los datos recogidos en el “Impuestómetro 2024” elaborado por el Instituto Juan de Mariana, de media los Estados miembros de la UE apenas aumentaron los impuestos entre 2019 y 2022, salvo España que ha sido el país con mayor incremento de la presión fiscal durante ese periodo.

Alberto González Amador, empresario que reconoció dos delitos fiscales por un monto de 350.000 euros en sus declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021, estaba dispuesto a reparar el daño cometido mediante el pago de la cantidad defraudada más los intereses de demoras (4,025% en dos ejercicios). Con el desembolso de una cantidad superior a los 380.000 euros pretendía rebajar la pena correspondiente (de uno a cinco años por cada delito fiscal) en uno o dos grados de manera que evitara entrar en la cárcel.

"Amnistía Internacional está profundamente preocupada por los continuos desafíos a los derechos humanos en Cuba, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión", dijo Johanna Cilano Peláez, investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional Américas, quien divulgó, en las redes sociales de la ONG, la declaración oral presentada días atrás ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte de la revisión de los informes del Examen Periódico Universal de Cuba.

El cambio refleja los temores de muchos multimillonarios ante la agenda fiscal del presidente Biden. En algunos casos, también señala su malestar con las decisiones de política exterior e interior de la administración Biden. Algunos de estos multimillonarios han sido cortejados asiduamente por Trump y sus asesores en los últimos meses. Biden ha prometido aumentar muchos impuestos a los ricos, incluida la tasa de ganancias de capital pagadas sobre los ingresos por inversiones, y un nuevo impuesto del 25% específicamente para los multimillonarios

Los flujos de dinero ilícito hacia paraísos fiscales se están incrementando gracias a que la reclamación de información a terceros países está condicionada por una metodología medieval y absolutamente inefectiva en los tiempos actuales

De acuerdo con The Post Millennial, después de que el juez Arthur Engoron encontrara culpable a Trump por fraude civil, James interpuso una demanda en el condado de Westchester para embargar el campo de golf y la finca privada del expresidente en Seven Springs, una zona al norte de Manhattan.