La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la regularización fiscal decretada por el Gobierno de Rajoy en 2012 no tendrá efectivos retroactivos —los beneficiados no deberán tributar por un patrimonio oculto a los ojos de Hacienda—, pero sí que tendrá consecuencias para el futuro. Tanto desde el punto de vista económico como estrictamente político.
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