Alberto González Amador, empresario que reconoció dos delitos fiscales por un monto de 350.000 euros en sus declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021, estaba dispuesto a reparar el daño cometido mediante el pago de la cantidad defraudada más los intereses de demoras (4,025% en dos ejercicios). Con el desembolso de una cantidad superior a los 380.000 euros pretendía rebajar la pena correspondiente (de uno a cinco años por cada delito fiscal) en uno o dos grados de manera que evitara entrar en la cárcel.
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